El sindicato mayoritario de seguridad privada de Catalunya, ADN Sindical Seguridad y Servicios de Catalunya, ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa Desokupa para formar personal de este sector en "defensa personal". Este sindicato sigue así los pasos del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de la policía española, que anunció el domingo un acuerdo con la empresa de desahucios extrajudicial para "formar a 30.000 policías". A través de un comunicado, el sindicato de seguridad privada, que representa a vigilantes del transporte público de TMB o de Rodalies, así como personal de seguridad de supermercados, centros comerciales, u otros establecimientos, ha explicado que han tomado la decisión delante "el gran aumento de violencia" que afirma que hay en estos espacios y ante "la pasividad" del Departament d'Interior.

ADN Sindical también ha destacado "la calidad de los formadores", que ha estado en entredicho por su cualificación, pero que el propietario de Desokupa, Dani Esteve, ha asegurado que en un 85% son policías en activo. "Hemos dicho en reiteradas ocasiones que necesitamos formación ante la violencia que nos estamos encontrando en la calle y en  los transportes públicos, y Dani Esteve ha traído voluntarios expertos", ha expresado el portavoz de ADN Sindical Seguridad y Servicios de Catalunya, Sergio Sánchez, a preguntas de Europa Press. Ha añadido que, "ante la pasividad del Govern y de las administraciones públicas" han cerrado un acuerdo del cual aseguran que se podrán beneficiar sus 1.200 afiliados y hasta 10.000 trabajadores, entre escoltas, controladores de acceso y el resto de personal vinculado a la seguridad privada.

Después de la polémica provocada por el acuerdo inicial entre Desokupa y el SUP, el ministerio de Interior ha anunciado que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y estudiar si este "conculca los valores democráticos". En este sentido, se ha comprometido que cualquier formación externa, aunque no tenga valor académico y no sea computable para las evaluaciones profesionales, "respete plenamente los valores democráticos y principios constitucionales".