Los sindicatos han valorado positivamente la reducción del paro pero han alertado de que se mantiene la precariedad. Así, CCOO ha visto "significativamente positivo" que incremente el empleo, tanto respecto del año 2018 como en relación al trimestre anterior, y que se reduzca el desempleo "de manera mucho más intensa que el resto del Estado". Sin embargo, ha lamentado que la tasa de temporalidad "se mantiene en un elevado 21,2% y continúa la notable diferencia entre hombres y mujeres". Por otro lado, UGT ha alertado de la destrucción de 9.400 puestos de trabajo en un año a la industria y del incremento del paro entre los menores de 25 años. Comisiones ha exigido también la aprobación de presupuestos de la Generalitat para "garantizar la estabilidad del empleo".

Comisiones ha defendido la importancia del Salario Mínimo Interprofesional y la reactivación de la negociación colectiva, "que sin afectar al empleo conlleva mejoras evidentes para las personas trabajadoras más vulnerables". El sindicato ha reivindicado también mejores políticas activas de empleo con dotación presupuestaria, la derogación de la reforma laboral y más recursos para combatir el fraude en la contratación.

Para UGT, la tasa del 10,45% de paro con que cerró en el 2019 está "todavía lejos de la tasa del cuarto trimestre del 2007 que estaba en el 6,5%". En este sentido, ha añadido que también hay 154.100 parados más que entonces y 143.200 puestos de trabajo menos que antes del inicio de la crisis.

El sindicato ha alertado especialmente por la situación de la industria, que sigue perdiendo empleo, con una destrucción de 9.400 puestos de trabajo en un año, de la tendencia a incrementarse la parcialidad masculina y del incremento del paro entre los menores de 25 años. Por eso, ha calificado en el 2019 "como un desastre" ya que la precariedad "se ha instalado al mercado de trabajo sin que la recuperación económica revierta en las personas trabajadoras".

Ante eso, ha exigido también la derogación de las reformas laborales, un cambio "urgente" de políticas económica y de empleo, el uso de la contratación indefinida y la jornada completa, abrir el debate sobre la reducción de trabajo con carácter universal a 32 horas semanales sin reducción salarial y dotar el servicio público de empleo con más recursos humanos y económicos, entre otros.