Los sindicatos UGT, CCOO y la Federación de asociaciones de padres y madres de alumnos de enseñanza secundaria de Catalunya (FAPAES) han denunciado que faltan plazas públicas para estudiar Formación Profesional (FP) en Catalunya. En un comunicado conjunto han alertado de que en la ciudad de Barcelona solo pueden estudiar en centros públicos 4 de cada 10 jóvenes y han criticado que se haya alargado el último proceso de preinscripción y matrícula, porque, aseguran que "ha favorecido el desvío y la matriculación en centros privados y a distancia".

Críticas hacia el alargamiento del proceso de preinscripción

El Departament d'Educació hizo públicos a finales de septiembre los datos de preinscripción en ciclos de formación profesional para el curso 2022-2023 y aseguró que el 98,4% de los alumnos había obtenido plaza. Unos datos que desde UGT, CCOO y FAPAES consideran "parciales y sesgados".

Las tres entidades han criticado el proceso de preinscripción, que tenía una primera asignación en julio, pero que dejaba una segunda asignación para principios de septiembre, de manera que en el momento del inicio de curso todavía había una parte importante del alumnado pendiente de obtener una plaza. "En el mejor de los casos, una persona sin plaza puede obtenerla en el mes de octubre en un ciclo con alguna vacante, deseado o no, con la pérdida de un mes lectivo y en un aula con sobreratio", han lamentado en el comunicado, y han añadido que este retraso "favorece el desvío y la matriculación en centros privados o a distancia", con el agravante, segundos sindicatos y familias, que estos estudios "no están sometidos a control de calidad educativa por parte de la Conselleria d'Educació".

Priorizar al alumnado de continuidad es "una política segregadora"

En este sentido, han denunciado que la priorización del alumnado de continuidad —el que proviene de 4º de ESO para los ciclos de grado medio y lo que acaba Bachillerato para los ciclos de grado superior— en la preinscripción, "expulsa del sistema al colectivo de jóvenes procedentes de otras vías educativas", como las escuelas de adultos, los procedentes de las pruebas de acceso para mayores de 18 años o aquellos que quedaron sin asignación en el curso anterior. Una medida que, consideran, "conduce a una política poco equitativa, muy segregadora, que tiene como objetivo la mejora cosmética de datos eliminando el alumnado más vulnerable del sistema". Sin embargo, las entidades consideran que no contribuye a mejorar la tasa de abandono escolar prematuro, sino que la "cronifica".

Sindicatos y familias también han denunciado que al alumnado sin plaza pública se lo está llamando para ofrecerle plaza en formaciones de Certificados de Profesionalidad "ajenas al sistema educativo". Según su opinión, estas ofertas formativas son adecuadas para otro tipo de alumnado y no pueden sustituir la formación profesional, y por eso consideran que la medida "pretende ocultar la vulneración de los derechos a la educación en condiciones de igualdad y la obligatoriedad de la administración educativa al garantizar plazas públicas".