El 26 de julio la Guardia Civil decide pedir al juez las autorizaciones para las escuchas telefónicas. Después del acto en el Teatre Nacional de Catalunya, la policía entra en un delirio contra el referéndum y ya no investiga solo si el equipo de Junqueras está creando y poniendo en marcha la Hacienda pública catalana y cómo, sino que abre una causa general contra todo lo que tenga que ver con la organización de un referéndum que todavía ni estaba en la agenda ni se había convocado.

La policía pide las intervenciones telefónicas y una pieza aparte donde resguardar todas las grabaciones y las transcripciones que se deriven. Hasta aquel momento solo estaban investigados Santi Vidal, Lluís Salvador y Carles Viver Pi-Sunyer. Es por esta razón que las grabaciones se fijan en ellos; pero a partir de sus llamadas, se van ampliando las escuchas telefónicas hasta alcanzar a los 14 detenidos del día 20 de septiembre.

Y con un firme secreto de sumario, la Guardia Civil despliega una red de espionaje digna del agente 007, James Bond. De hecho, esta telaraña de comunicaciones y seguimientos los lleva al almacén donde está depositado todo el material electoral, que requisa el día 20 de septiembre y que obliga al Govern a desplegar el plan B, es decir, imprimir nuevas papeletas desde el exterior y prescindir de algunos materiales que ya estaban a punto, como las indicaciones de las mesas donde votar o los manuales para los presidentes y vocales de mesa.

"¿Dónde están las papeletas, las papeletas donde están?"

Las papeletas se tuvieron que imprimir dos veces. Las primeras, que ya estaban a punto para referéndum del 1 de octubre, son requisadas el día 20 de septiembre en unas naves de Bigues i Riells que la policía llevaba un mes vigilando. A continuación, relatamos cómo las descubrió la Guardia Civil.

El 4 de agosto la Guardia Civil pincha el teléfono a Josep Maria Jové. Una de sus llamadas a Francesc Sutrias, director de Patrimoni, alerta a la Guardia Civil, que desde aquel momento también interviene su teléfono.

El 22 de agosto interceptan una llamada entre Jové y Sutrias en que se habla de un tercer individuo, que está esperando instrucciones. Como en la llamada se menciona la hora, pero no el lugar de una cita, la Guardia Civil se planta ante el Departament d'Economia para seguir a los sospechosos. Y acaba en la cafetería Altaïr.

 

 

 

A partir de aquí, Sutrias es una persona clave para la Guardia Civil.

 

A raíz de una conversación interceptada entre Jové y Natàlia Garriga, directora de servicios de la Secretaria General de Vicepresidència, Economia i Hisenda, la Guardia Civil empieza a seguir a Garriga, que los lleva hasta una de las empresas colaboradoras y, de rebote, a las naves donde se tenía que descargar el material.

 

La policía incorpora al sumario fotografías de Natàlia Garriga hablando en un coche. Aunque ni es delito ni saben qué pasa dentro del vehículo, la policía pone en marcha un nuevo dispositivo de seguimiento.

 

Después, la Guardia Civil sigue el coche y llega a las naves de Bigues i Riells.

 

La Guardia Civil concluye que la conductora del coche es Mercè Martínez, de la empresa Fox Box Publi Alternativa, otra de las personas que acaban detenidas el 20 de septiembre. Y a partir de este seguimiento despliega la vigilancia de las naves de Bigues i Riells.

 

El 2 de septiembre llegan las cajas de material electoral ante los ojos de la Guardia Civil, alertada por las escuchas telefónicas.

El 20 de septiembre, la Guardia Civil despliega el dispositivo de detenciones y registros y entra en las naves de Bigues i Riells, donde halla todo el material electoral preparado para ser distribuido.

El golpe del 20-S

La entrada en las naves de Bigues i Riells supone un fuerte golpe para el referéndum que se tenía que celebrar en solo diez días. La policía no solo detiene al núcleo duro que estaba montando toda su logística, sino que requisa material clave para los colegios electorales.

 

Casi 10 millones de papeletas y 5.900 sobres con documentación electoral intervenidos por la Guardia Civil. El referéndum, en suspenso.

 

Localizadores y llaves de coches de los investigados

En todo el sumario, solo hay un momento en que el juez y el fiscal se plantan ante la Guardia Civil: el momento de conceder los permisos para seguir a los investigados. Es cuando los agentes piden obtener copias de las llaves de los coches de Lluís Salvador y Josuè Sallent, para poder instalar localizadores en su interior. La Guardia Civil pretendía tener los coches localizados en todo momento a lo largo de tres meses, de agosto a octubre.

La petición se hace para poder hacer el seguimiento con mayor seguridad, después de detectarse un posible contraespionaje del Govern, al objeto de garantizar la seguridad de los cargos públicos que tienen a su cargo los preparativos del referéndum.

El fiscal rechaza la medida y el juez no la autoriza. El fiscal dice que la medida es totalmente "prospectiva e inadecuada" y que el seguimiento se puede seguir haciendo sin medidas tan "intromisivas", que "no aportan más datos ni elementos nuevos a la investigación". El juez la desestima.

Intuiciones policiales

Algunos de los seguimientos que hace la Guardia Civil acaban en informes en los que la policía se deja llevar más por intuiciones que por hechos contrastados. Es el caso de Lluís Salvadó y Josuè Sallent, a quienes siguen cuando salen del trabajo. Algunas de las fotografías son imágenes de los investigados con una actitud absolutamente normal. Como esta de Lluís Salvadó.

La Guardia Civil, sin embargo, acaba deduciendo por su actitud, no solo que están pendientes de si les sigue alguien, sino que son "peces gordos" del referéndum y que su entorno está implicado en su organización.

 

Lo mismo pasa con Josuè Sallent.

 

 

Este informe chapucero es el que da pie a solicitar la instalación de los localizadores en los coches y las copias de las llaves de los vehículos, los que, tal como explicamos, el juez desestimó.