El presidente, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; los consellers Carles Mundó, Toni Comín y Jordi Turull, y la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, aparecen en el sumario del juez de instrucción número 13 de Barcelona que, en principio, investigaba las declaraciones de Santi Vidal sobre la Hisenda catalana. Todos ellos son aforados y tienen un caso abierto ya —menos Rovira— en el TSJC, que es quien tiene las competencias para juzgarlos. Pero el juez del 13 ni se inhibió ni comunicó su intervención en los preparativos del referéndum, invadiendo así las competencias de la magistrada Mercedes Armas que investiga el Govern a partir de la querella de la Fiscalía.

A pesar de los indicios contra los miembros del Govern ni la Guardia Civil ni el juez dicen nada porque son aforados. El juez no es competente para investigarlos y reconocer su intervención representaría inhibirse a favor del TSJC y quedarse sin caso.

Los abogados de la defensa ya pusieron en cuestión, solo recibir los primeros volúmenes del sumario, toda la investigación, calificándola de "causa general" y no dirigida a aclarar las causas por las cuales se había abierto, sino desplegando una gran telaraña de espionaje para encontrar pruebas que permitieran detener el referéndum.

La línea roja

El sumario contiene toda la información del caso que se abre a partir de dos denuncias contra Santi Vidal. Miguel Duran y VOX presentan la ficha judicial después de que el exjuez y exsenador de ERC realizara unas declaraciones públicas sobre el trabajo que se estaba llevando a cabo desde la Generalitat para crear la hacienda pública catalana. De las declaraciones a Vidal se extrae que la Generalitat ya tiene los datos de los catalanes y el juez empieza a investigar en este sentido con la Guardia Civil como policía judicial.

El juez investiga a Santi Vidal y abre también diligencias contra Lluís Salvador i Carles Pi-Sunyer.

En abril el juez decreta el secreto de sumario, por el que las partes personadas —denunciantes y los abogados de los investigados— no tienen ningún tipo de información de cómo se están llevando a cabo las investigaciones. Ningún otro organismo judicial tampoco la tiene.

A mediados de julio se empiezan a realizar las escuchas telefónicas y los seguimientos a los investigados y se abre una pieza separada, que ahora, una vez levantado el secreto de actuaciones, no consta en el sumario.

A partir de estas escuchas y seguimientos el caso se hace mayor. El acto en el Teatro Nacional de Catalunya es un punto de inflexión y la Guardia Civil amplía la investigación siguiendo a altos cargos del Gobierno a partir de la información que extraen de las llamadas y de las declaraciones públicas que salen a la prensa de miembros del Govern sobre cómo hacer la desconexión y cómo hacer el referéndum. Y aquí está donde la Guardia Civil traspasa la línea roja y el juez lo deja hacer. De hecho, en el sumario hay varias recopilaciones de prensa.

Obviando el TSJC

A lo largo de las investigaciones, la Guardia Civil choca con diferentes miembros del Govern. En el sumario salen reuniones y llamadas de consellers, cargos destacados de Junts pel Sí y los mismos presidente de la Generalitat y vicepresidente.

Todos ellos tienen la condición de aforados. El juez de instrucción 13 no actúa contra este hecho y no se inhibe del caso. El TSJC tampoco lo puede reclamar porque, con el secreto de sumario, es imposible acceder a las investigaciones ni saber qué y a quién se está investigando concretamente.

La reunión en Pedralbes

La Guardia Civil interroga proveedores de servicios informáticos que los ponen sobre la pista de los preparativos del referéndum y les informan de una reunión en el Palau de Pedralbes con una quincena de cargos de la Generalitat entre los cuales está el presidente, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; los consellers Carles Mundó, Toni Comin y Jordi Turull, y la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira.

La reunión tiene lugar el 16 de agosto.

 

Finalmente y ante las dudas de la legalidad del proyecto, no se acaba de realizar el encargo.

 

Interrogatorios a testigos del TSJC

Los interrogatorios que realiza la Guardia Civil a varios testigos, muchos de ellos empresarios o trabajadores de empresas —sin que lo haya pedido el juez—, abre la veda a la Guardia Civil que empieza a investigar la posible compra de urnas. Un hecho que ya investiga el TSJC a partir de la querella contra Meritxell Borràs.

De hecho la Guardia Civil acaba tomando declaración a los empresarios que optaban al concurso que promovió la Generalitat para comprar las urnas, antes de que lo haga la magistrada del TSJC, que es la única autorizada al investigar el caso.

Comín buscando locales

Entre las llamadas intervenidas a Josep Mª Jové, el que consideran el cerebro logístico del referéndum, están las conversaciones con Toni Comín, conseller de Salud, que los días previos al 1 de octubre estaba configurando una lista de locales, donde figuran también centros de atención primaria, que tienen que dar cobertura a los municipios donde los ayuntamientos no habían cedido espacios.

Sin embargo, aunque el informe de la Guardia Civil hace constar que el conseller desobedece las odres del Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado y que se trata de un aforado, el caso sigue inamovible en el juzgado de instrucción 13.