Todo el sumario de la investigación del referéndum a partir de las declaraciones de Santi Vidal sobre la Hacienda catalana es una gran telaraña que va desplegando a la Guardia Civil, cada vez menos concreta, para poder atrapar alguna conversación, prueba, indicio o irregularidad que les lleve ninguno los preparativos del referéndum.

La mayoría de las conversaciones gravadas son irrelevantes. Y aunque en alguna se vea la voluntad de sacar adelante la votación, ninguno va más allá de las declaraciones que los diversos miembros del Gobierno han hecho públicamente en actos o a los medios de comunicación.

Entre estas llamadas hay la que hace a la directora general de T-Systems, Rosa M. Rodríguez, en una cabeza de la empresa, en que se muestra molesta por como está afectando la investigación judicial los trabajadores. El 30 de junio, uno de los técnicos declara como a testigo en el cuartel de la Guardia Civil y la policía le hace la advertencia que hace falta que los avise si tiene alguna información, los próximos días, de los preparativos del referéndum a partir de los trabajos que esté haciendo su empresa para la Generalitat.

 

 

El mismo pasa con la empresa Unipost.

El 18 de septiembre, dos días antes de las detenciones, la Guardia Civil llama a declarar como testigo a Pau Reventós, director general de Unipost. La empresa de mensajería tiene un contrato con la Generalitat y se encarga de una parte del reparto de correspondencia.

Durante todo el interrogatorio Reventoso niega cualquier encargo para repartir o recoger material electoral para el referéndum. Al final de la declaración, la Guardia Civil, la alerta que tiene la obligación de avisarlos en el momento en que la a Generalitat los haga un encargo relacionado con la votación del 1 de octubre y lo alertan de que si no es así podría estar cometiendo un delito como colaborador necesario.

 

 

Dos meses antes, durante las citaciones de testigos del mes de julio, la Guàdia Civil hace la misma advertencia a Francesc Andreu Bonet, apoderado de la empresa Espacio World S.L., que hace urnas para elecciones. Es una de las empresas que se presenta al concurso público que finalmente queda anulado y posteriormente en la mesa de la jueza Mercedes Armas que investiga el Gobierno. Andreu Bonet, sin embargo, explica que ni ha cobrado de la Generalitat y que ni tan sólo se ha licitado el concurso público.

La otra empresa que se presentó, junto con Espai Wordl, para hacer las urnas, Suministros Integrales FutBida, también recibe la misma advertencia el 1 de agosto durante la citación de la Guardia Civil. Y el 27 de septiembre, 4 días antes del referéndum, advierten a Aticser Serveisen Tecnologies de la información S.L.

En una investigación, la policía tiene que conseguir pruebas para corroborar los indicios y poder mantener las acusaciones. Pero las diligencias tienen que ir encaminadas según los indicios, no se puede hacer una causa general con escuchas indiscriminadas, como se ha hecho con todos los acusados, pidiendo directamente la colaboración de testigos para acusar a varias personas, contra las cuales no se tienen pruebas.

La policía registró la sede de T-Systems y su directora general acabó detenida el 20 de septiembre, junto con los cargos de la Generalitat. La prueba contra ella son conversaciones sobre una web, sin especificar, y los problemas que había con el dominio, que tenía que resolver el CTTI.