Raül Romeva es uno de los más contundentes a la hora de explicar los hechos ante el Tribunal Supremo. El conseller de Exteriors del anterior Govern denuncia a lo largo de la comparecencia que hace el 17 de abril, una vez conocido el procesamiento por rebelión y malversación, la falta de voluntad política del gobierno del estado español para dialogar y pactar un referéndum. "La Constitución contempla la cesión de competencias, como un referéndum", dice Romeva a lo largo del relato, "si no se ha hecho es porque no habido voluntad política".

El conseller explica como se intentó, con varias propuestas y varios momentos, una negociación con el estado español para que cediera las competencias para hacer una votación.

Raül Romeva también relata que el Govern actuó según un mandato popular y en ningún caso según una hoja de ruta preestablecida. "Estaban respondiendo a un mandato popular por la vía pacífica", dice. De hecho, durante su declaración se presenta como pacifista: "No hubiera estado nunca en un proceso con herramientas violentas". Y añade que en todas las intervenciones públicas y privadas hay un llamamiento al diálogo: "Discrepo profundamente con que el objetivo de la independencia sólo se consigue con métodos violentos".

Romeva reflexiona sobre que el derecho a la autodeterminación es un derecho legítimo: "El derecho a la autodeterminación es un hecho, una realidad que hay que afrontar". Y recuerda que desde los años ochenta ERC defiende la independencia y nunca se le ha prohibido presentarse a ninguna convocatoria electoral con su programa.

A lo largo de la declaración, Raül Romeva explica su tarea como conseller de Exteriors y concreta que ni se extralimitó en sus funciones ni estaban por encima de la ley: "El Estatut contempla el deber de la acción exterior".

El conseller hace énfasis en la "transversalidad" del movimiento. "Estamos hablando de millones de personas", expone. Y destaca que el 1 de octubre no sólo fueron a votar partidarios del sí, sino que "mucha gente que no es independentista fue a votar". Concluye, en este sentido, que la policía española "no fue a impedir que votaran independentistas, sino que fueron a impedir que votara la gente".