El Tribunal Supremo (TS) ha autorizado con una sentencia que los padres de niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada —también conocido como en "vientre de alquiler"— puedan modificar el Registro Civil para poner el domicilio familiar como lugar de nacimiento. En la resolución, la Sala de lo civil del TS dictamina en favor de los padres de un menor nacido en Ucrania por gestación subrogada, de manera que avala regularizar de esta manera a estos menores, aunque este polémico método no es legal en España.
El padre del menor es biológico, mientras que la madre consta como adoptiva, como cónyuge del padre biológico. Estos padres, al pedir el traslado de la inscripción de nacimiento del menor desde el Registro Civil Central al Registro Civil de su domicilio, solicitaron que se cambiara la mención del lugar de nacimiento del menor por el de su domicilio. El Registro Civil se negó, una decisión que fue ratificada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero los padres presentaron una demanda de oposición que fue desestimada, por lo que decidieron recurrir ante el Supremo.
Los magistrados estiman en su sentencia el recurso de los padres, al considerar aplicables por analogía los preceptos de la Ley del Registro Civil vigente en aquel momento que permitían, en el caso de la adopción internacional, el cambio de la mención del lugar de nacimiento del menor en un país extranjero por el del domicilio de los padres adoptivos."Aunque la adopción no es internacional, también el lugar de nacimiento del menor, en un país remoto con el cual los padres carecen de relación, denotaría el carácter adoptivo de la filiación y las circunstancias del origen del menor", señalan.
El Supremo argumenta la decisión alegando que es conforme con las exigencias de varios artículos de la Constitución: el 18.1, porque "permite la efectividad del derecho a la intimidad personal y familiar del menor (en cuyo ámbito de protección se encuentran la filiación y los datos con que denotan su origen)"; el 14, la no discriminación en razón de nacimiento, y el 39.2, la protección por los poderes públicos de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación. A su juicio, la publicidad registral de un determinado lugar de nacimiento en el extranjero, que constaría en su documento nacional de identidad o en su pasaporte, "vulneraría el derecho a la intimidad del menor". Vulneraría este derecho, apunta al magistrado, "al ser revelador de la existencia de la adopción y de las circunstancias relativas a su origen especialmente sensibles y supondría una discriminación respecto de otras filiaciones (en concreto, la adopción internacional) que no se encuentra justificada".
Un juez contrario a la gestación subrogada
El ponente ha sido el magistrado Rafael Sarazá, que en una sentencia de abril de 2022 dictó que una mujer con un bebé nacido por gestación subrogada tiene que adoptarlo para ser reconocida como madre. Además, Sarazá criticaba a las agencias intermediarias para tratar como "simple mercancía" tanto a las madres gestantes como a los menores. En aquel caso concreto, en el cual se atribuía a la madre comitente la decisión sobre si la gestante tenía que seguir o no con vida en caso de que sufriera alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal, el magistrado consideraba que "se imponen a la gestante unas limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral incompatibles con la dignidad humana".
Rodeado de polémica
La gestación subrogada es una técnica muy polémica, criticada por buena parte del movimiento feminista y de la izquierda en considerar que a menudo se hace negocio y consiste en explotar y mercantilizar el cuerpo de una mujer en muchos casos en situación de vulnerabilidad y que, por lo tanto, se presta a embarazarse, pasar por el embarazo y el parto y después desvincularse del menor por necesidad económica. La ley española no permite este método, si bien en los últimos años ha habido numerosos casos de españoles que han viajado al extranjero a practicarlo y luego han batallado por el reconocimiento de las autoridades españolas. En países como Ucrania se convirtió en toda una industria.