El Tribunal Supremo ha acordado de devolver la investigación sobre la incineradora del Besòs al juzgado de Badalona, que inició la instrucción por un delito contra los recursos naturales el 2022 por supuestas emisiones contaminantes, según el auto adelantado por El Periódico y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. El tribunal hace caso a la reciente petición de la Fiscalía y ha decretado el sobreseimiento de la causa contra el diputado de los Comuns Eloi Badia, aforado en el Supremo. Asegura que "no hay elementos suficientes" para determinar que Badia "tenía conocimiento" de las supuestas irregularidades en los crematorios de la planta cuando era el presidente de la empresa pública gestora, Tersa, por su cargo de concejal al Ayuntamiento de Barcelona.
"No existe participación consciente del investigado en las irregularidades del funcionamiento, marcadamente técnicas, detectadas durante la investigación en el desarrollo de la actividad de incineración desarrollada por estas instalaciones desde el año 2017 al 2022", afirma la Fiscalía del diputado Badia, que comparte ahora el alto tribunal español.
Mantener el caso abierto
Por el contrario, la Fiscalía sostiene que hay que mantener la investigación abierta al jefe de explotación de la instalación, y por eso el Supremo devuelve el caso a la titular del juzgado de instrucción 5 de Badalona, que abrió la investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía y de la asociación vecinal Airenet.
La magistrada no veía ninguna irregularidad ambiental, sin embargo, la Audiencia de Barcelona le hizo reabrir la investigación contra Badia y el jefe de la incineradora, aunque ahora solo se mantendrá para el profesional técnico.
"Alejado del funcionamiento"
En la resolución, el tribunal -con el magistrado Vicente Magro de ponente- reproduce los argumentos de la Fiscalía, que sostiene que "queda acreditado que el investigado (Eloi Badia) estaba alejado del funcionamiento concreto de esta instalación de tratamiento, y desconocía las presuntas irregularidades en la incineración de residuos que se descubrieron en los tres hornos de combustión de las instalaciones de la planta de Sant Adrià del Besòs". Añade que Badia "dejó claro que no estaba al corriente de los aspectos estrictamente técnicos", ahora en cuestión.
En concreto, las acusaciones se hicieron eco del informe de la Guardia Civil que determinó que la planta incineraba por debajo de los 850 grados, temperatura con la cual no se eliminan las toxinas que van a la atmósfera, y que lo fija un algoritmo no suficientemente controlado.
Por el contrario, el tribunal añade que hay que aclarar si hay responsabilidades civiles o penales del jefe de la instalación. Se recoge que "el jefe de esta explotación, a diferencia del aforado, es un técnico con responsabilidad y poder de decisión que conocía perfectamente todas las circunstancias concretas que concurrían en la quema de los residuos en la instalación que dirigía durante el periodo investigado y, a causa de este cargo, eminentemente técnico, estaba en disposición de estar al corriente de la existencia de estas irregularidades detectadas y podía evitar que se produjeran, al ostentar una clara posición de garante dimanante de esta responsabilidad".