El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene delante dos casos que pueden alterar el statu quo de Internet, no solo en su país sino en todo el mundo. Todo se debe a dos casos: Gonzalez v. Google y Twitter v. Taamneh. En los dos se cuestiona el alcance del artículo 230 de la Ley de Decadencia a la Comunicación, una normativa sobre la cual se ha construido el internet actual. Lo que hace tan importante esta regulación es que da poder a los gigantes tecnológicos para moderar el contenido que se cuelga en sus plataformas, pero no las hace responsables de lo que cuelguen los usuarios. Ahora, estos dos casos exigen que las grandes compañías tecnológicas asuman responsabilidad de lo que los usuarios publican en sus webs.
¿Así pues, están las reglas de internet a punto de reescribirse? Muy probablemente, si el Supremo se decide a otorgar más responsabilidades sobre los contenidos que las plataformas dejan que suban los usuarios. ¿Sin embargo, responsables de qué exactamente? Para visualizarlo solo hay que fijarse en el origen de estas dos demandas, las cuales son muy ilustrativas.
Los dos casos fueron presentados por familiares de víctimas de ataques terroristas que dicen que las empresas tecnológicas son responsables de alimentar la violencia con sus algoritmos. El primer caso, Gonzalez v. Google, pide al tribunal que determine si YouTube tiene que ser responsable de que su algoritmo recomiende vídeos de terrorismo del Estado Islámico. El segundo caso, Twitter v. Taamneh, se dirige a Twitter y Facebook, además de Google, con denuncias similares, según recopilación The Guardian. El primer caso ya ha arrancado y el segundo empezaría a finales de esta semana
El artículo 230 y una víctima de los atentados de París de 2015
Por una parte, hay que aclarar qué dice el artículo 230 y por qué tiene tantos defensores y detractores. El año 1996, cuando el internet actual ni se intuía, se aprobó esta normativa que más de 25 años después sirve como escudo a empresas como Twitter y YouTube. ¿Por qué? Por una clave, según destaca El País: ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será considerado como editor o difusor de información facilitada por otro proveedor de contenidos informativos. Por eso, se libera en las plataformas de hacerse responsable de qué dicen los miembros de su comunidad.
Los defensores del artículo argumentan que este protege la libertad de expresión en las plataformas, lo que muchos consideran la quintaesencia de la idea origen de Internet. Los detractores cuestionan que esta protección tenga sentido en el funcionamiento actual de Internet, porque las plataformas han dejado de ser solo escenarios donde la gente interactúa. Ahora, web como Twitter o YouTube promueven el contenido más viral a través de sus algoritmos. ¿Si los algoritmos están creados para que la gente pase más tiempo en la plataforma en cuestión, a beneficio de esta, no son estas responsables de lo que promueven para enganchar a sus usuarios?
Esta es la cuestión (simplificada) en la que se basa Gonzalez v. Google. La demanda deriva de los atentados terroristas en París el año 2015, los cuales se iniciaron en la discoteca Bataclán y se expandieron por toda la capital francesa. En este ataque fue asesinada la estudiante estadounidense Nohemi Gonzalez en el 2015. Su familia demandó en YouTube para recomendar vídeos de terroristas y, por lo tanto, para violar las leyes contra la ayuda y la complicidad de grupos terroristas extranjeros. La demanda argumenta que YouTube es responsable de lo que impulsa con sus propias recomendaciones.
Los padres de Nohemi Gonzalez en las puertas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Foto: Efe
¿Hacia dónde puede ir la decisión?
Cuando un medio de comunicación difunde discursos de odio, es el mismo medio que paga las consecuencias, pero si es una plataforma no. Para algunos es injusto, ppara otros considerar eso una injusticia es no entender el funcionamiento de Internet. El debate divide y aleja a mucha gente, ya que cuándo hablamos de tecnología puede parecer excluyente para aquellos que no son expertos. Aunque en este caso, la cuestión de fondo trasciende la tecnología y se centra en las consecuencias y las responsabilidades.
Los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se han mostrado, por ahora, poco inclinados a la anulación de una legislación que garantiza a las empresas de tecnología que operan al país que no sean consideradas legalmente responsables de los contenidos publicados por sus usuarios. Los miembros del Supremo también sufren porque la derogación de la norma podría llevar a una "ola de demandas" contra todo tipo de plataformas, ya que haría que estas fueran penalmente responsables del contenido que publican sus usuarios.
Sin embargo, si al final se inclinaran para hacerlo, estas empresas establecidas en los Estados Unidos tendrían que cambiar su modelo, hecho que afectaría gran parte del mundo que confía en Twitter, YouTube o Facebook como sus redes sociales usuales. Es decir, nos podríamos encontrar cerca de un gran cambio por Internet. Cambio, que por ahora, recae a manos de un puñado de jueces estadounidenses.