Las compañías eléctricas tienen que hacer un mantenimiento de sus instalaciones que garanticen la seguridad de las personas y también de la avifauna. Así lo establece el Tribunal Supremo, en una resolución, en la cual desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) contra el real decreto 542/2020, con el cual se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. La sentencia será muy importante, especialmente en Catalunya donde la fiscalía de Medio Ambiente ha presentado dos querellas, una en un juzgado de Vic y otra en uno de Tarragona, contra Endesa a quién se acusa de no poner medidas de protección en sus torres, como recoge el real decreto 1432/2008. El razonamiento del tribunal es que el real decreto 542/2020 desarrolla y aclara el de 2008 y, por lo tanto, no es una normativa nueva, que requiera consulta y audiencia. Hasta ahora, las compañías se han escudado que han ido mejorando las torres eléctricas para evitar la electrocución de pájaros, aunque añaden que no tienen una obligación de hacerlo si no están dentro en las llamadas zonas de protección.
En la resolución, la sección tercera de la sala del contencioso-administrativo comparte con la Abogacía del Estado que el real decreto "no incluye normas sancionadoras, sino de seguridad industrial", y lo que hace es "establecer los defectos que se tiene que hacer constar en el certificado de inspección o acta de verificación, sea realizada la verificación o inspección por el titular de la línea o una entidad de control, al margen de las consecuencias que se deriven." Y añade que los defectos se refiere "a la protección medioambiental". El decreto del 2020 realiza una clasificación de los defectos de las líneas, que pueden constituir faltas: muy graves, con peligro inmediato a personas, bienes o medio ambiente; graves y leves. El tribunal aclara, que el procedimiento sancionador se tiene que iniciar con el procedimiento habitual.
El tribunal indica que hasta que no haya un cambio del reglamento medioambiental, a nivel estatal o autonómico, "no existirá un incumplimiento como tal del real decreto 1432/2008 fuera de las zonas de protección, aunque añade: "Sin perjuicio de las notificaciones que puedan efectuarse de acuerdo con la legislación medioambiental para las líneas de dentro y de fuera de las zonas de protección". Es decir, precisa que puede haber un mal mantenimiento y, por lo tanto, un defecto grave en la aplicación de la norma. Y asegura: "La falta de medios antielectrocución o anticolisión establecidos en el real decreto 1432/2008, siempre suponen uno riesgo de electrocución o de colisión de aves, con la posibilidad de causar incendios." Y en la conclusión sostiene una afirmación clave: "El riesgo de electrocución es siempre inmediato, independientemente de que la línea esté dentro o fuera de las zonas de protección" definidas en el real decreto de 2008. E insiste en que la clasificación de defectos incluidos en el real decreto de 2020 "es correcto" porque "aclara, adecua y concreta los requisitos exigibles a los titulares de las líneas eléctricas de alta tensión", a la hora de verificar los posibles defectos y la consiguiente clasificación de las instalaciones.
Dos querellas
El diciembre pasado, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vic ordenó a la compañía Endesa que tomara las medidas necesarias para evitar la constante muerte de aves electrocutadas en sus instalaciones en la comarca de Osona. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antoni Pelegrín, pidió a la jueza que instara a la compañía a poner "con la mayor urgencia las medidas adecuadas para corregir los defectos observados en ciertas torres, que suponen un peligro evidente de electrocución para la fauna" ante el aumento de aves muertas, sobre todo cigüeñas. La jueza de Vic admitió a trámite una querella de la fiscalía contra Endesa y seis de sus directivos por haber permitido "una auténtica plaga" de pájaros protegidos electrocutados en sus torres a la demarcación de Barcelona. Se acusa a los directivos y la compañía de un delito contra los recursos naturales y de uno continuado en la protección de la fauna, después de una exhaustiva investigación, del 2018 en el 2020, con los Agentes Rurales. Se detallan 255 casos de electrocución y que la compañía no cumplió los requerimientos de la Generalitat. La jueza encargó al Instituto Català d'Ornitologia una pericial sobre el estado de las líneas, antes de citar a declarar ningún responsable como investigado. Y por ahora, aún está pendiente de la declaración de los encausados.
El fiscal de Tarragona Ignacio Monreal también presentó, la primavera pasada, una querella contra la compañía Endesa y cinco administradores desde el 2015 a la actualidad por las aves muertas en este territorio. En la querella, el fiscal sostiene que "en toda la provincia de Tarragona y en general a Catalunya, la inmensa mayoría de los soportes situados dentro de la zona de protección no presentan ningún tipo de medidas contra la electrocución, incumpliendo el establecido el RD 1432/2008,", y añade: "En algunos casos se mantienen estos soportes letales, y en otros casos los soportes se retocan, pero sin adecuarlos a la normativa, de forma que se garantice su inocuidad, y otras veces se arreglan; no obstante, en los alrededores se mantienen otros, de lo que cumplen la normativa, o no hay un mantenimiento de los soportes corregidos, y la situación es perfectamente evitable en todos los casos."
El cuerpo de Agentes Rurales mantiene un seguimiento constante de la muerte de aves electrocutadas por todo nuestro país y lo informa a la fiscalía. En la foto, un agente lleva una águila culebrera y un milano real electrocutados cerca de una línea eléctrica, en el Pallars Jussà, el octubre pasado. Detallan que en esta comarca ya son más de 150 los pájaros grandes muertos por electrocución en los últimos tres años.