La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha tumbado la demanda del sector del taxi contra los VTC por competencia desleal. El tribunal ha confirmado la sentencia de junio de 2017 del Juzgado de lo Mercantil número 12 que dictaminaba que no existían prácticas desleales en la actividad de Cabify, desestimando de esta manera el recurso que presentó la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Según ha estimado el juez encargado del caso, las normas supuestamente infringidas no imponen obligaciones a la empresa demandada, sino a los titulares de licencias VTC. El fallo establece que la empresa Maxi Mobility no lleva a cabo su actividad, a través de la plataforma Cabify, en régimen de competencia desleal, dada su condición de mera mediadora entre el cliente y el conductor del vehículo. Además, el magistrado considera que la compañía no obtiene una ventaja competitiva respecto a sus competidores al utilizar la citada plataforma.
Maxi Mobility -la empresa demandada- obtuvo la correspondiente habilitación administrativa como agencia de viaje para el ejercicio del servicio y gestión de VTC y el hecho de que con posterioridad desapareciesen en la ley las referencias a las funciones de mediación en la contratación de transportes de viajeros y a la atribución en exclusiva de tales funciones a las agencias de viaje, “no es otra cosa que reflejo del propósito confeso de liberalizar plenamente la intermediación en la contratación de transportes de viajeros, sin perjuicio de la regulación de las agencias de viajes en el ámbito turístico, expresado en la exposición de motivos”, dice la sentencia.
Según un comunicado de la patronal de VTC Unauto, la sentencia no hace más que confirmar que los argumentos utilizados por el sector del taxi para "expulsar del mercado" a su competencia "carecen de veracidad". En el documento, la patronal considera que el fallo cuestiona la actividad desleal de las VTC contra los taxistas, motivo por el cual no se justifica la aprobación del Decreto Ley en estos términos.
Unauto finaliza el escrito con un mensaje para el conseller Damià Calvet, exigiendo que "acate las sentencias judiciales, respete el marco jurídico establecido, se abstenga de hacer declaraciones incendiarias y solucione si es capaz el conflicto que ha originado".