El Gobierno ya ha terminado un nuevo protocolo para minimizar el impacto negativo de los desahucios en personas y colectivos en riesgo de vulnerabilidad social y ausencia de alternativa habitacional. La Generalitat ha entregado a los operadores jurídicos y a los ayuntamientos "el borrador" para que hagan aportaciones a este documento, el cual se centra en potenciar un trabajo transversal entre diferentes departamentos, especialmente el de Justicia, Derechos Sociales e Interior, para evitar que la atención a  las personas llegue demasiado tarde.

Un escollo importante a superar es que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se avenga a firmar el protocolo y así sea asumido por todos los jueces. El presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, se ha negado a renovar el actual protocolo en vigor, del año 2013, aunque todo el mundo sostiene que está obsoleto. El presidente del TSJC sostiene que hay mucha normativa que ya recoge todas las novedades que se quieren aplicar ahora. A pesar de estas normas de protección, con las medidas contra la covid-19 y de emergencia social, los desahucios continúan en Catalunya, que lidera el ranking español, a pesar de la moratoria.

Formulario de autorización

Uno de los fracasos del protocolo actual es la falta de intercambio de información entre los juzgados y la administración, sobre todo con el Ayuntamiento de Barcelona, ciudad que registra el mayor número de desahucios. Algunos jueces han puesto pegas por tener que facilitar datos personales de los afectados a los Servicios Sociales, ya que razonan que si no lo comunica la persona afectada, los juzgados han de  cumplir la ley de protección de datos. Por eso, en el protocolo una de las novedades que se  establece es que el Departamento de Justicia, que lidera Lourdes Ciuró (Junts), elaborará un formulario mediante el cual se obtendrá el consentimiento de las personas afectadas y la autorización de la cesión de datos de carácter personal para trasladar su expediente a los servicios sociales. Se añade que este formulario, que se podrá insertar en el sistema de gestión procesal, se tendrá que entregar al demandante de la vivienda en la primera comunicación que reciba.

Otra novedad que recoge el nuevo protocolo es que se tiene que implementar una plataforma digital que tiene que permitir la interconectividad y acceso a la información de los diferentes intervinientes en el proceso, en colaboración con el Ministerio de Justicia y el CGPJ. Desde el Departamento de Justicia se insiste en que a pesar de la negativa actual del TSJC, "se está trabajando para llegar a acuerdos", y que el grupo mixto de trabajo creado para analizar los desahucios parados, "funciona". También se indica que se tienen que identificar todos los profesionales que trabajan en cada caso con el fin de facilitar una mayor coordinación.

En relación con los equipos de los Servicios Sociales, el protocolo afirma que, ya existe una obligación legal de comunicar a los servicios sociales los expedientes en que los jueces detecten una especial vulnerabilidad, definida en los decretos ley de los años 2020 y 2021. Y también que los Servicios Sociales de cada territorio tienen que emitir un informe de vulnerabilidad, que si es afirmativo, tendría que parar un mes el desahucio hasta encontrar una solución a la familia vulnerable. Esta norma ya existe también, sin embargo, se han dado casos que los jueces no han considerado vinculante este informe para detener un lanzamiento o lo han aplicado después del plazo fijado y sin que la familia haya sido atendida y obtenido una salida.

Mediación y nueva unidad de los Mossos

En el protocolo se insiste en usar la herramienta de la mediación entre el titular de la vivienda y el ocupante, así como la obligación de los grandes tenedores de ofrecer viviendas sociales. Y se indica que mientras no se resuelva esta mediación y una resolución favorable de la mesa de emergencias, los procedimientos judiciales se tendrían que suspender.

Con respecto al Departamento de Interior, se precisa que se creará una "Unidad Central de Intervención en los conflictos de viviendas" de los Mossos, la cual se encargará de dos procedimientos internos: el de actuación policial ante la ocupación de inmuebles y   la actuación en desalojos judiciales de inmuebles. También se requiere que la autoridad judicial justifique por qué necesita una unidad policial en el desahucio, que ahora en algunos casos desde los juzgados se requiere que sean unidades antidisturbios. Se detalla que cuando haya "situaciones de riesgo para la comitiva judicial", el mando policial puede activar la unidad del Área de Mediación, Negociación y Responsabilidad Social Corporativa de la Dirección General de la Policía catalana con el fin de "minimizar las situaciones de conflictividad".

La negativa del TSJC

El octubre pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, comunicó que eludía participar en la redacción de un nuevo protocolo de desahucios que sustituya el del 2013, para atender mejor y antes de ser desahuciadas a las familias vulnerables, al considerar que actualmente hay "una detallada regulación positiva, con normativa y evolución constante."

No obstante, expertos del sector judicial afirman que el protocolo tiene la función de especificar cuestiones prácticas no previstas a la ley. Y añaden que el protocolo del 2013 está "obsoleto y no se aplica" y que haría falta uno nuevo. La actualización del protocolo es un reclamo de hace años del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, y en el cual se implicó el Departamento de Justicia, que es el que ahora en nombre del Govern ha presentado uno de nuevo a los operadores.

En la reunión del enero pasado entre administraciones se concluía que hacía falta actualizar el protocolo e incluir los departamentos de Interior, Territorio y Asuntos Sociales con el fin de potenciar la cooperación institucional, especialmente con Mossos y servicios sociales, e informar mejor a los ciudadanos sobre las ayudas que tienen.

Por ahora, sin embargo, el TSJC desestima dar ningún paso adelante y prefiere que se mantenga el protocolo del 2013. Lo argumenta asegurando que los reales decretos ley aprobados en el 2020 y en el 2021 "ya recogen en gran manera los objetivos innovadores del protocolo del 2013". Barrientos expone el caso de que cuando un inquilino está en situación de vulnerabilidad, el letrado de la Administración de Justicia tiene que solicitar un informe a servicios sociales para corroborarlo y poder parar el desahucio, aunque se han dado casos en que no se cumple. Añade que "es posible otro RDL que prorrogue la suspensión de lanzamientos". Por todo eso, el TSJC "considera prudente no avanzar en un nuevo protocolo", aunque añade que "se mantiene la colaboración actual".

 

Foto principal: Agentes policiales en un desahucio / Sergi Alcàzar