El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una sentencia desfavorable contra el estado español, a quien condena por no investigar la actuación policial después de la manifestación 'Rodea en el Congreso' en Madrid en el 2012.

Según la sentencia, los hechos derivados del 29 de septiembre de 2012 constituyen una violación del artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos en su aspecto procesal, que contempla la prohibición de la tortura. La falta de investigación por parte de los tribunales españoles y la imposibilidad de encontrar a los policías implicados, que no iban identificados, ha sido clave en la decisión.

El Constitucional no investigó las acusaciones

La demandante, que participó en las protestas, acusó a la policía de desalojar a la fuerza y de manera humillante a ella y otros manifestantes que se resguardaban de los disturbios en un bar próximo al Congreso español.

El juzgado de instrucción de Madrid cerró la investigación por falta de pruebas. Después de varios recursos, el Tribunal Constitucional se negó a investigar la actuación policial para considerar que no había ninguna violación de los derechos fundamentales. El TEDH ha contradicho esta decisión por unanimidad, declarando que la falta de actuación del Constitucional supone "una violación de la rama procesal del artículo 3 del Convenio", y otorgando a la demandante una compensación de 1.000 euros por los daños morales sufridos.

Precedente para el 1-O y la libertad de expresión

En definitiva, esta sentencia consolida la prevalencia de la libertad de expresión (protegida por el Artículo 10 del Convenio) por encima de la actuación policial pel 'mantenimiento del orden'. A causa de los hechos que rodean las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, esta sentencia plantea un panorama optimista por la resolución de los casos sobre la libertad de expresión al estado español.

Además, el hecho de que el estado haya sido condenado por la falta de investigación sobre las irregularidades en las intervenciones policiales podría sentar un precedente para la resolución de casos similares, como los que denuncian la violencia desmesurada de la policía en la jornada del referéndum del 1 de octubre del 2017, y que también llegarán a los tribunales europeos.

Estas denuncias, que en muchos casos han sido archivadas o investigadas por los tribunales españoles, ahora contarían con la jurisprudencia que establece este caso, demostrando la tendencia de la justicia española a proteger la actuación de la policía, incluso cuando aixó supone la violación de derechos fundamentales.

 

Foto principal: actuación policial contra los manifestantes de 'Rodea al Congrios' en Madrid, 2012 / Efe