El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha absuelto al exconseller de Cultura y diputado de Junts per Catalunya en el Parlament, Lluís Puig, exiliado desde 2017, por un delito de desobediencia porque no entregó voluntariamente las 44 piezas del monasterio de Vilanova de Sixena (Osca) que estaban en el Museo Diocesà de Lleida. Las piezas se las llevó la Guardia Civil en diciembre de 2017, en plena intervención de la Generalitat por parte del Estado con el artículo 155 de la Constitución. El fiscal pedía una pena de multa de casi 6.000 euros para Puig, y también para Santi Vila, su predecesor, que será juzgado por un juzgado de lo penal de Barcelona en mayo.

Igualmente, la acusación particular del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena pedía 99.000 euros de multa y dos años de inhabilitación para Puig. Para Vila pide 11 meses de prisión y 162.000 euros de multa, porque le añade el delito de usurpación de atribuciones judiciales.

El tribunal ha resuelto que, durante el juicio, no se ha aportado suficiente prueba para calificar que el acusado haya llevado a cabo incumplimientos de forma "reiterada" y "persistente", "de manera que no estamos en condiciones de afirmar que su negativa a materializar el traslado de las 44 obras depositadas en el Museu Diocesà de Lleida hasta el monasterio de Sixena esté abierta". Así pues, el tribunal no puede condenar a Puig porque en sus acciones no observan "una voluntad rebelde" ni oposición a la orden judicial.

 

El juicio a Puig

El juicio se celebró el pasado 20 de febrero, pero Puig no pudo sentarse en el banquillo de los acusados porque se encuentra exiliado. Es más, no pudo ni declarar por videoconferencia, porque la justicia belga no le daba suficientes garantías. El tribunal que lo juzgó, con Jesús María Barrientos al frente, prefirió no esperar a que la justicia belga estuviera preparada para permitir la declaración telemática y tiró adelante con el juicio.

El fiscal, por su parte, mantenía que el exconseller de Cultura no tenía "voluntad" de entregar a Sixena las piezas depositadas en el Museu de Lleida, tal como le había exigido el juzgado oscense poco después de la toma de posesión, en julio de 2017. En el turno de conclusiones durante la vista oral en el TSJC, el fiscal mantuvo la petición de condena para Puig de dos años de inhabilitación y 6.000 euros de multa. A su vez, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, aseguró que Puig mostró claramente una "voluntad" de cumplir la resolución, pero pidió tiempo para estudiar un tema "complejo".