El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado mantener su decisión de llevar a juicio al alcalde de Agramunt (Urgell) y diputado de ERC al Parlamento, Bernat Solé, por un delito de desobediencia para facilitar el 1-O en su municipio, cediendo locales públicos y ocultando las urnas.

En un acto, la sala de lo civil y penal del TSJC ha rechazado el recurso de reforma presentado por la defensa de Solé contra la resolución del tribunal del pasado 29 de octubre de dejar a un paso de juicio al político, al considerar que "hay indicios suficientes de criminalidad" y que "sí que concurren" bastantes elementos indiciarios.

Al escrito, la jueza del TSJC Mercedes Armas esgrime que Solé no sólo no se opuso, aunque fuera "formalmente", a la cesión de la escuela Macià-Compañero para la celebración del 1-O, sino que además tuvo "alguna intervención directa" en el centro durante la jornada, con el fin de "preservar" las urnas con los votos o para decidir cuándo tenían que acabar las votaciones del referéndum suspendido por el Constitucional.

Si bien la resolución admite el argumento de la defensa de que el uso de las escuelas compite al Departament d'Educació aunque el edificio sea de titularidad municipal, el acto concluye, sin embargo, que el imputado "no sólo no impidió la votación, sino que intervino a lo largo de la jornada tomando decisiones sobre la colocación de las urnas o el cierre" del centro.

En este sentido, el auto añade que Solé "mantuvo el apoyo" como alcalde de Agramunt al referéndum del 1-O, a pesar de la providencia del TC que le fue notificada para impedir cualquier iniciativa que ignorara su suspensión.

Por eso, determina que la actuación del imputado durante el 1-O "no se ajusta al ámbito de competencias que le eran propias" como alcalde.

El proceso judicial contra Solé deriva de la instrucción que, en vísperas del 1-O, dictó el entonces fiscal general, José Manuel Maza, para que se abrieran diligencias a los alcaldes que dieran apoyo el 1-O, orden que se acompañaba de un listado de los 712 ayuntamientos que, según la web de lo Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición de la Generalitat sus locales.