Ningún cambio. La sala de vacaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha denegado aplicar como medida cautelar el 25% de castellano en las escuelas catalanas, tal como le había solicitado, este agosto, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, como último intento para aplicar la sentencia que ordenaba esta medida a todo el país y que el mismo TSJC suspendió su aplicación el julio pasado a causa de la nueva normativa aprobada por el Govern. En la resolución, conocida este lunes y adelantada por la agencia EFE, el tribunal no cambia el criterio de la sala que dictó la resolución en el 2020 y fue confirmada por el Tribunal Supremo en el 2022, y que finalmente ha paralizado este verano.
La sección 5 de la sala contenciosa administrativa del TSJC admitió que las nuevas leyes aprobadas por el Govern y el Parlament -el decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22- impedían la aplicación de su resolución, pero al mismo tiempo afirmaba que "pueden vulnerar varios artículos de la Constitución española" al asegurar que no se garantiza la educación en castellano. Con la resolución del 4 de julio pasado, el TSJC detenía la aplicación de la sentencia del 25% de castellano a todos los centros y llevaba las nuevas leyes catalanas al Tribunal Constitucional (TC).
Escuela Bilingüe se queja del TSJC y del fiscal
La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha denunciado en Twitter la respuesta del TSJC y ha anunciado que presentará recurso contra la resolución. La entidad reclamaba que en el inicio de este curso 2022-23 "se impartiera alguna asignatura en castellano". La entidad también critica que "sorprendentemente el fiscal se alinea con el Govern y también se opone a las medidas cautelares". Desde Educación se insiste que los escolares acaban las etapas educativas con plenos conocimientos de castellano y catalán y que cada centro educativo aplica los refuerzos pertinentes.
La paralización de la sentencia del 25% de castellano no será eterna. La sección 5.ª de la sala contenciosa administrativa del TSJC acordó a finales de julio de plantear al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad con respecto al decreto ley 6/22, que fija los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativo aprobado por el Govern el mayo pasado, y también de la ley 8/22, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, aprobado por el Parlament, al concluir que la lengua castellana no está representada como oficial.
El TSJC preguntó la opinión de las partes personadas sobre si hacía falta llevar las dos normas en el TC, pero para algunos juristas, el hecho de que el TSJC haya tenido la iniciativa de llevar las leyes al TC "demuestra el fin de la separación de poderes". En la resolución de julio, el tribunal acusa al Govern y el Parlament de "bloquear" la ejecución de su sentencia, con las dos normas, que ya considera inconstitucionales.