La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha instado a los operadores jurídicos que "es urgente su implicación para que se apliquen más pulseras de control telemáticos a agresores y víctimas de violencia machista" para hacer frente a esta lacra social, que suma más de 1.240 mujeres asesinadas en la última década en el Estado español y que este año en Catalunya ya se elevan a 7 las víctimas mortales (tres de ellas hijos menores), según datos de los Mossos d'Esquadra. La síndica afirma que el objetivo de su nueva resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, "es buscar la fórmula de dar mejor protección a las víctimas" y, por eso, propone recomendaciones a los responsables policiales, a la abogacía, a la Fiscalía y a los jueces y tribunales; y especialmente para que se aprueben más pulseras GPS porque "está acreditado su efecto disuasivo y la tranquilidad que da" a las mujeres.
La dirección general de la Policía catalana ha respondido a la síndica que "se alinea a las conclusiones de su informe y especialmente con el hecho de que se apliquen más medidas de control telemático a agresores de violencia de género por parte de la judicatura". Por el contrario, la respuesta de la judicatura ha sido protocolaria y sin compromiso. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado responder a la sindica de Greuges que "se da por enterado de sus recomendaciones realizadas", pero -añade- "sin adoptar ninguna medida ya que entran en el ámbito de la función jurisdiccional", según consta en los acuerdos del 19 de marzo pasado. Es decir, que la aprobación de una pulsera de control telemático es competencia exclusiva de los jueces, los cuales están obligados a cumplir la ley, pero no directrices de administraciones, aunque -según la síndica- hay un "consenso institucional" para fomentar esta herramienta de protección a las víctimas y a sus hijos.
Garantizar la seguridad de la víctima
En la resolución, la sindicatura de Greuges expone cifras y valoraciones de diferentes instituciones competentes y expertas, y ante el constante incremento de víctimas de violencia de género; que sus agresores rompen las órdenes de alejamiento (un 15%), y que ninguna víctima con pulsera GPS ha sido agredida, concluye que es necesario implantar más sistemas de control telemático. ¿Los objetivos? "Hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad y contribuir a su recuperación; documentar la posible ruptura de la medida o pena de prohibición de aproximación impuesta, y disuadir al inculpado o condenado", manifiesta la sindicatura. La pulsera o brazalete de control telemático solo se puede imponer a través de una resolución judicial como medida cautelar a uno investigado de un delito, para garantizar la orden de alejamiento de la víctima; o después, una vez condenado. La persona investigada tambien tiene ventajas: puede evitar el ingreso en la prisión o cumplir el final de la condena en tercer grado en su domicilio.
En Catalunya, 101 controles telemáticos
La síndica de Greuges insiste, en la resolución, que "se hace poco uso" de las pulseras telemáticas en proporción al número de víctimas de violencia machista. Añade que según datos de la Delegación del Gobierno español contra la Violencia de Género (DGVG) disponibles hasta junio de 2022, el número de dispositivos electrónicos de seguimiento instalados a agresores de violencia machista hasta el primer semestre del 2022 en Catalunya era de 400, de los cuales 342 se habían desinstalado y 85 estaban activos. Por su parte, la dirección general de la Policía informa a la síndica -y ha detallado a ElNacional.cat- que actualmente hace un seguimiento de 100 dispositivos de control telemático de protección a víctimas de violencia de género y de violencia sexual.
En el Estado español, la síndica precisa que el número de mujeres con protección policial (casos activos con nivel de riesgo apreciado) a 31 de octubre de 2023 es de 50.590, que representa un aumento del 1,9% con respecto a septiembre de 2023 (49.634) y un incremento del 16,8% con respecto a octubre de 2022 (43.333). El mayor porcentaje de casos activos se encuentra entre las mujeres comprendidas entre los 31 y los 45 años de edad.
En este sentido, recientemente el Ministerio del Interior ha dado la directriz a la policia que se pida esta protección telemàtica a los jueces cuando se vea un riesgo alto para las víctimas. Por su parte, la policía catalana ya ha actualizado sus diligencias para pedir a los jueces un dispositivo de control telemático para víctimas que tengan un riesgo muy alto y alto y pero también medio, a pesar de que todavía no tienen cifras de solicitud y respuesta puesto que se ha implantado en todo Catalunya a finales de marzo pasado, según ha informado a este diario.
La única pega expresada por la policia catalana es que "son mecanismos mejorables técnicamente, con respecto a la gestión de los avisos y alarmas, ya que pueden producir situaciones de revictimización y malestar", según recoge la respuesta firmada por su director general, Pere Ferrer.
En la cola de protecciones
En el informe, se recuerda el funcionamiento del sistematelemático. La resolución judicial que acuerda la medida, como el cese, se comunica a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al centro de control. Este da de alta en el sistema los datos de la víctima y del inculpado, así como del cuerpo policial responsable de la protección de la víctima y la vigencia de la medida. A continuación, el centro contacta con la víctima para acordar el momento y el lugar de instalación del dispositivo. La instalación al inculpado se realiza en sede judicial, una vez le haya sido notificada y en el plazo acordado por la autoridad judicial. El brazalete se activa automáticamente cuando el inculpado incumple la distancia mínima impuesta.
Aunque el juez tiene la última palabra al acordar medidas de seguridad, estos se basan en los informes que hacen los cuerpos policiales sobre la valoración del riesgo de las víctimas, y en el caso de Catalunya es el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, quien presenta los informes a los jueces. Algunas entitades feministas han denunciado que los Mossos clasfican pocas víctimas en riesgo alto, y que por eso no se acuerdan medidas. Ante las críticas, la policía catalana anunció que revisaría su sistema de clasificación, que ha sido validado por expertos. Precisamente, Giménez-Salinas recoge el recordatorio que hace la Fiscalía de Violencia de Género a sus compañeros según el cual, "si bien la valoración de riesgo policial que se lleva a cabo en el sistema VIOGEN resultado de gran valor, no siempre es suficiente".
Sea como sea, Catalunya se mantiene líder en los últimos años, junto con Madrid, en ser la comunidad donde se conceden menos órdenes de protección a víctimas de violencia de género. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del cuarto trimestre de 2023, los jueces en Catalunya denegaron un total de 780 peticiones de protección, que representan el 53%, del total y aprobaron 683, un 46%. La media del Estado español es que se aprueben un 70% de peticiones de protección. En el debate en el ICAB del lunes, la diputada de ERC Ana Balsera explicaba que se había pedido al presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, analizar estos datos y que se negó, aduciendo que se interferiría directamente en las actuaciones de los jueces, que requieren independencia para resolver. Hay juristas que reclaman que hay que poder analizar estas dispares resoluciones. Es la misma respuesta dada ahora por le TSJC a la síndica de Greuges.
Sistema telefónico
Paralelamente, se indica que a nivel estatal se dispone del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia machista (ATENPRO), que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento y de forma inmediata con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar donde se encuentren. Según fuentes de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el número de usuarias del servicio ATENPRO ha ido aumentando desde el 2010 hasta situarse en 2.888 el primer semestre del 2022. En este sentido, una de las quejas expresadas por los Mossos a la síndica es que las entidades que gestiona este servicio, no les facilita los datos de las usuarias, hecho que -sostienen- sería necesario para coordinarse mejor, y que solo saben de estas usuarias cuando llaman a la policía para una emergencia.
Recomendaciones a jueces, fiscales y policías
En las conclusiones, Giménez-Salinas recomienda a la Fiscalía que solicite la implementación de los dispositivos telemáticos de detección de la proximidad. Y es que si el representante del ministerio fiscal no solicita una medida cautelar, como la prisión provisional, el juez, si no hay ninguna otra acusación, no lo acuerda. En el ámbito judicial, además, la síndica de Greuges sostiene que "hay que ampliar este sistema de protección a todas las víctimas de violencia machista en situación de riesgo o en la cual haya un agresor potencialmente letal, sin limitarlas a las producidas en el ámbito de la pareja o expareja".
Con respecto a la policía, el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC) ha respondido a la síndica de Greuges que, a través de la Escuela de Policía de Catalunya (EPC), ya cumple su recomendación y ofrece formación a los miembros del cuerpo de Mossos d'Esquadra y de las policías locales de Catalunya en los diferentes ámbitos de actuación en el que estos pueden actuar y de acuerdo con las competencias que la legislación les ha encomendado. Y, por ejemplo, en el caso de los agentes que recogen denuncias por violencia de género en la comisaría, reciben formación desde una perspectiva de prevención de la victimización secundaria y de apoyo y atención en el estado emocional y afectivo de la víctima con perspectiva de género.
En el informe también se reacuerda que la Fiscalía señala que potenciar el uso de los mecanismos de control es uno de los acuerdos al cual se llegó el Consejo General del Poder Judicial, la Ministra de Justicia y el Fiscal General del Estado, el diciembre pasado, aparte de potenciar la especialización y la comarcalització de los órganos judiciales en violencia de género.
En defintiva, la síndica de Greuges recuerda que "la protección se alza como un derecho de la víctima, pero también como un compromiso de todas las instituciones para garantizar su seguridad desde el momento de la denuncia o cuando se tiene conocimiento de la situación de riesgo que existe, utilizando a tal fin todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico contempla". Y, concluye que la protección de las mujeres contra toda forma de violencia, constituye igualmente el primer objetivo que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia firmado en Estambul el año 2011 y ratificado por España el año 2014.