La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aprobado este martes cuatro nuevas plazas de refuerzo en los juzgados de lo penal de Barcelona para realizar más juicios rápidos, tal como acordaron el Departamento y el Ministerio de Justicia, y que supondrán poder celebrar 18 vistas rápidas más cada día.
Las dos agendas, que ahora se abren con los nuevos comisionados, suponen que la ciudad condal tendrá cuatro agendas de juicios rápidos, que permitirá ejecutar un mínimo de 36 juicios rápidos más al día. Ahora mismo, los juzgados de lo penal de Barcelona se dedican a celebrar 6.000 juicios rápidos el año, cuándo en 2023, la entrada de juicios fue de 7.249 y el año 2024, de un total de 8.300.
Con la aprobación del TSJC de cuatro comisiones para reforzar los juzgados de lo penal, se incrementan las posibilidades de poder celebrar más de juicios rápidos en la ciudad dentro de la Comisión Enjuiciamiento Rápido (CER), que de acuerdo con el plan ofrecido por el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia, tendrá dos comisiones de servicio con reemplazo de funciones - dedicación exclusiva - y dos sin reemplazo de funciones - donde el magistrado compatibiliza su juzgado- con la colaboración en la celebración de juicios rápidos en Barcelona.
Con estos recursos, los juzgados de lo penal de Barcelona contarán con dos agendas semanales más. Una agenda que se cubre con las CER con reemplazo, cubierta cada una para|por un magistrado, es decir que dos magistrados se reparten la agenda semanal y cubren la celebración de vistas del lunes al viernes. La otra agenda se cubrirá para|por los comisionados sin reemplazo, plazas que estarán cubiertas para|por un total de ocho magistrados, un hecho que permitirá la celebración de juicios también cada día, de lunes a viernes.
Faltan un centenar de jueces
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, lo dijo bien claro en la apertura del año judicial: faltan 112 jueces en la planta catalana (hay 855) para equipararse a la media española, y desde el 2021 ya no se pueden resolver todas los asuntos que entran a los juzgados (1,2 millones asuntos en el 2023), desde los ámbitos civiles a penales.
Eso significa que los casos pendientes de resolver -o lo que judicialmente se denomina pendencia- no para de crecer en las mesas y armarios de los juzgados, donde miles de papeles y las carpetas se siguen apilando, a pesar de los anuncios de digitalización judicial. Los litigios aumentan, mientras cae el número de jueces en activo. Y, sin contar con las numerosas jubilaciones de la generación del baby-boom, también a la judicatura, que se prevén en cinco años en el Estado español.
Los juzgados están colapsados desde hace años, y superan las cargas de trabajo fijadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en casi todas las jurisdicciones. Un dato que evidencia que se ha encendido la alerta roja en los juzgados catalanes es que ya se señalan juicios para el año 2027. La jurisdicción contenciosa, que fiscaliza las administraciones y que casi nunca recibe refuerzos, ya fija vistas para el 2027. Los juzgados de lo social, centrados en los conflictos laborales, también marcan juicios para el primer trimestre de 2026, como los civiles.
Al mismo tiempo, los jueces de instrucción y penal hacen lo imposible por dar respuesta a las campañas policiales y políticas contra los ladrones multirreincidentes, vacias de medidas sociales para hacer frente la pobreza. Para poder encarcelar a un ladrón y considerarlo multirreincidente, los magistrados tienen que buscar sus antecedentes penales (diferente de los policiales), que tengan tres condenas firmes y con el material sustraído superior a 400 euros.