Uno de cada diez menores de 16 años vive en pobreza severa en Catalunya. Lo recoge el Síndic de Greuges en el Informe sobre los derechos del niño, entregado al Parlament este viernes. La defensora del pueblo de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto de infancia, Maria Jesús Larios, han presentado este viernes por la mañana el informe a la vicepresidenta primera con funciones de presidenta del Parlament, Alba Vergés. Este informe da cumplimiento a la previsión establecida en la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, de elaborar anualmente un informe específico sobre la situación de la infancia en Catalunya con relación al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.
El informe denuncia que los últimos cinco años los indicadores de vulnerabilidad social de la infancia han mantenido una tendencia creciente, lo cual se explica por el impacto que todavía tiene hoy día la crisis económica del periodo de 2008 a 2013, por la salida de la pandemia de la covid-19 y por los efectos sociales y económicos de la guerra de Ucrania y de la crisis económica que se avista. Así, por ejemplo, entre el 2016 y el 2021 se ha incrementado un 14,9% el número de niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo de pobreza (más 50.000 menores de dieciocho años más, se han pasado de 348.600 a 400.400).
Además, destaca que se ha incrementado un 19,6% el número de niños y adolescentes con expediente abierto a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) por situación de riesgo grave (de 5.399 a 6.456), y también un 94,3% el número de niños y adolescentes en estudio por posible situación de desamparo (de 1.726 a 3.353), especialmente por la llegada de niños migrantes sin referentes familiares.
También hay que destacar que ha aumentado un 3,0% (más de 30.000, de 866.192 a 891.854) el número de usuarios de los servicios sociales, en buena parte familias con niños a cargo, y que se ha doblado la probabilidad de los niños de sufrir un problema de salud mental, que ha pasado del 5,1% al 9,4%.
Las medidas no cubren todas las necesidades
La síndica es consciente de que hay políticas de transferencia de renta y de provisión de servicios dirigidas a dar respuesta a estas necesidades sociales y económicas, pero denuncia que, aunque los últimos años se ha incrementado la financiación y la cobertura, no consiguen cubrir las necesidades existentes. En este sentido, "las políticas destinadas a la infancia se vuelven poco efectivas", sobre todo porque o bien no dan cobertura suficiente a todas las necesidades, o bien no se han focalizado hacia los colectivos más vulnerables. Desde el punto de vista de la cobertura, por ejemplo, más de una tercera parte de niños en situación de pobreza severa (como mínimo el 38,6%) no son beneficiarios ni del ingreso mínimo vital (IMV) ni de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). De hecho, se constata que las políticas de transferencias sociales reducen el riesgo de pobreza un 30,9%, muy por debajo de la media europea (43,1%).
La importancia de la escolarización
Con respecto a los déficits de cobertura en la enseñanza, el informe destaca que el 58,0% de los niños de cero a dos años no están escolarizados en la educación infantil de primer ciclo, sobre todo los niños de familias socialmente desfavorecidas; que el 46,5% del alumnado de educación infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria en situación de riesgo de pobreza no percibe ninguna ayuda individual de comedor escolar, o que el 20,6% de alumnado en situación de riesgo de pobreza que estudia enseñanzas secundarias postobligatorias no percibe ninguna ayuda al estudio de carácter general.
También se detectan carencias en las coberturas del ocio educativo, ya que los niños de familias con menos capital educativo participan casi cinco veces menos en las actividades extraescolares no deportivas que los niños de familias con más capital educativo. En el mismo sentido, los servicios de intervención educativa (SEIS) dan cobertura solo al 14,4% de los niños en situación de pobreza severa.
A pesar del incremento del número de niños atendidos, todavía hay carencias en la cobertura y en la intensidad de los tratamientos prescritos (periodicidad de las visitas) de los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) y de los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ).
La síndica pide "políticas focalizadas"
La síndica remarca la mejora de la financiación de las políticas de infancia (incremento del 35,9% del presupuesto con respecto al año 2016, 1.781,7 millones de euros más en este periodo), pero considera que este esfuerzo presupuestario no ha servido, como mínimo por ahora, para dar un salto cualitativo de este alcance en los derechos de los niños. Uno de los motivos que explican esta circunstancia es que esta inversión, que solo en parte se ha destinado a atender las necesidades coyunturales de la covid, no se ha enderezado directamente a dar respuesta a la situación de los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ni se ha aprovechado lo suficiente para desarrollar políticas focalizadas en la atención de sus necesidades.
En el ámbito de la educación, por ejemplo, que concentra buena parte del incremento de la inversión (92,8%), una parte significativa se ha destinado a incrementar recursos de manera lineal al conjunto del sistema. Medidas como las reducciones de ratios, la reducción de horas lectivas del profesorado o la gratuidad de infantil 2, que se han puesto en práctica este curso 2022/2023, tienen un coste elevado y se beneficia, en la misma medida, el conjunto del alumnado, independientemente de su situación de vulnerabilidad.
Por el contrario, hay reformas estructurales necesarias en políticas de infancia que no se están abordando adecuadamente, especialmente en el ámbito de la protección. Así, por ejemplo, el acogimiento residencial sigue siendo preponderante, y el acogimiento familiar, que es la medida más adecuada para garantizar el bienestar de los niños, no crece desde hace años. Se ha incrementado también la presencia de niños tutelados menores de seis años en acogimiento residencial (que ha pasado de 123 el año 2020 en 212 el mes de septiembre de 2022 en el caso de los menores de seis años).
Recomendaciones y prioridades:
Para acabar, el informe recoge una serie de recomendaciones y prioridades de intervención que pasan por promover políticas preventivas para atender mejor las situaciones de vulnerabilidad, como reforzar las políticas de apoyo a las familias y mejorar el acompañamiento, o corregir el déficit de profesionales de pediatría y mejorar la cobertura de los CDIAP y los CSMIJ.
También se considera necesario desarrollar políticas focalizadas en la atención de las necesidades de los niños en situación de vulnerabilidad, como mejorar la cobertura de las políticas de transferencia de renta (RGC, IMV...), promover un modelo de financiación de la educación infantil de primer ciclo acondicionado a las características socioeconómicas del alumnado y de los entornos sociales de los centros, y desarrollar un plan de fomento de la equidad para la participación de los niños en situación de vulnerabilidad a la oferta de ocio.
En último lugar se recogen las recomendaciones que se hacen para garantizar la participación de los niños en situación de vulnerabilidad en todos los asuntos que los afectan, como incorporar la participación de los niños y adolescentes dentro del procedimiento de elaboración de normas que afectan a su vida.