En la capital del Baix Penedès, El Vendrell, los bancos que no atiendan presencialmente a las personas mayores durante todo el horario de oficina pueden acabar pagando una tasa de uso de la vía pública muy elevada. Se trata del impuesto que los bancos pagan para instalar cajeros automáticos. El Ayuntamiento de El Vendrell ha aprobado, por unanimidad, una moción presentada por el grupo municipal de Primàries en qué se propone que la tasa que pagan los bancos para tener un cajero automático en la calle pase de 848 euros a, por ejemplo, 10.000 euros. La iniciativa prevé establecer una cifra económica muy alta para penalizar los bancos que no despachen personalmente la ciudadanía de edad avanzada.No obstante, desde el consistorio vendrellenc también estudian que se haga una bonificación del 90% a las entidades que amplíen el horario de atención a las personas mayores. Sobre el planteamiento pionero que ha impulsado Primàries, su concejal, Josep Maria Llassat, espera que la iniciativa llegue a otros municipios. "Si se aprueba esta cantidad o una similar, muy potente, puede ser que las entidades bancarias tengan presente eso y modifiquen su comportamiento. Por eso nos interesa que eso se derrame como mancha de aceite en otros municipios, porque cuando tengamos un centenar de cajeros estaremos hablando de un millón de euros, que es el que puede hacer bastante," ha declarado.

Ahora, el Ayuntamiento de El Vendrell, encabezado por Kenneth Martínez Molina, creará una comisión que estudiará como aplicar el acuerdo y si se quiere llegar a los 10.000 euros de penalización. "Las entidades financieras están trasladando una parte de su atención al cliente del interior hacia el exterior. Por lo tanto, a mi entender, están sacando un provecho abusivo de la vía pública. Este hecho desordena y genera molestias en la vía pública. Hay que exigir a los bancos que atiendan mejor a sus clientes", ha señalado el alcalde Martínez. Con esta medida, El Vendrell quiere poner remedio a un malestar creciente, sobre todo entre las personas de más edad, ya que tienen dificultades para utilizar los cajeros automáticos o hacer gestiones online.

Revisar el protocolo de atención al público

Recientemente, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se reunió con el sector bancario. El encuentro pretendía abordar la inclusión financiera de toda la sociedad. Una urgencia que, según Calviño, obliga a tomar medidas. La reunión se produjo después de que un jubilado haya recogido 430.000 firmas para denunciar las dificultades que se encuentran a las personas mayores a la hora de acudir a unas entidades bancarias cada vez más digitalizadas. La campaña también pide que no se eliminen las citas presenciales. De la reunión se ha extraído el compromiso que el Observatorio para la Inclusión Financiera, puesto en marcha por AEB y CECA, realice un diagnóstico de la situación y, en el plazo de un mes, las patronales bancarias revisarán su 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', planteando nuevas soluciones para garantizar la atención bancaria de las personas mayores.

430.000 firmas en una semana

Un jubilado valenciano de 78 años, Carlos San Juan, impulsó la campaña "Soy grande, no idiota" en la plataforma Change.org para dar respuesta a las dificultades que sufre la población de edad avanzada con los trámites bancarios online y los cajeros. A raíz del gran número de firmantes, 430.000, San Juan ha conseguido reunirse con el Gobierno y el Banco de España. Y el secretario general del Tesoro y Financiación internacional lo ha convocado a una reunión que tendrá lugar en el Ministerio. A través de una carta, San Juan ha denunciado las adversidades que gente como él afrontan cuando los obligan a hacer trámites por internet o a través de un cajero. Es por esta razón que pide medidas concretas para paliar una problemática que afecta miles de personas. Y es que se trata de un agravio para las personas mayores que se agrava cuando en la localidad donde viven no hay ni un cajero automático. Llama la atención el hecho de que 450 municipios catalanes no tienen sucursal bancaria ni cajero automático.