Los veterinarios han dicho basta. La profesión se ha movilizado para reivindicarse y protestar contra el Real Decreto 666/2023, que entró en vigor el pasado 2 de enero, que ha generado mucha controversia entre los profesionales del sector y también en los propietarios de mascotas en el Estado español. Los veterinarios, que llegarán de toda España y que a buen seguro contarán con el apoyo de los amantes de los animales y los usuarios de sus servicios, se manifestarán este domingo 2 de febrero desde la plaza Catalunya hasta el parque de la Ciutadella, bajo el lema "por la justicia envenenaría y la protección animal", y la reivindicación de una regulación "que respete animales, profesionales y familias". La protesta quiere dar visibilidad al malestar del sector con la normativa, el mencionado decreto, que, de acuerdo con la comunidad veterinaria, "incrementa los gastos de los medicamentos, limita los tratamientos adecuados, genera burocracia, multas desproporcionadas para la profesión y pone en riesgo la salud animal". Además, también quieren denunciar el IVA veterinario abusivo del 21%, el mayor de todos los servicios médicos, y el reconocimiento de los veterinarios como profesionales sanitarios.

Son muchas las razones por las cuales los veterinarios están en contra de este real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez de "distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios", y la aplicación del PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos). Esta herramienta implementada por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España tiene como objetivo monitorear y vigilar el uso de antibióticos en animales productores de alimentos para el consumo humano, y permite adoptar medidas de control sobre el uso de antibióticos en la sanidad animal. Implica la obligatoriedad de comunicar las prescripciones de antibióticos, según lo que establece el real decreto.

Restricción en la venta de medicamentos

La normativa también implica la restricción en la venta de medicamentos, porque prohíbe en las clínicas veterinarias la venta directa de medicamentos, exigiendo que se emitan recetas y se gestionen a través de plataformas digitales oficiales. Por lo tanto, las clínicas veterinarias ya no pueden vender directamente a los propietarios, y esta medida tiene una doble derivada, la carga burocrática y el incremento de precios.

Por una parte, obliga a una carga administrativa asfixiante, porque los veterinarios tienen que registrar cada prescripción en los sistemas electrónicos, lo que consume tiempo que antes se dedicaba a la atención directa de los animales. Los veterinarios denuncian que eso ha causado inconvenientes y retrasos en el acceso de tratamientos, especialmente en casos de urgencia, y que el proceso ha ralentizado la atención en las clínicas. Además, eso también impedirá a los propietarios poder administrar a sus animales medicamentos que son de uso humano, exactamente con la misma composición farmacéutica, pero que en el caso de los animales suelen venderse mucho más caros.

La comunidad veterinaria cree que la nueva normativa genera más gastos y despilfarro a las familias con animales, porque la implementación de estas nuevas medidas han llevado a un aumento en los costes de los servicios veterinarios, lo que puede derivar que algunos no reciban el tratamiento necesario a causa de consideraciones económicas. Esta normativa, además, ha creado confusión y malestar entre los propietarios de mascotas que, como los mismos veterinarios, no entienden los cambios normativos que generan frustración e incomprensión, y que a menudo pagan los profesionales que los atienden, aunque no son responsables de la implementación de la ley.

Multas desproporcionadas

La nueva normativa expone a los veterinarios a multas de hasta 1 millón de euros por su incumplimiento, un régimen sancionador que ha estado calificado "absolutamente inasumible y desproporcionado" por la comunidad veterinaria. A causa de las críticas recibidas, el Gobierno central ha anunciado que suavizará las sanciones, y el Ministerio de Cultura se ha comprometido a revisar y reducir estas sanciones. Se ha establecido un periodo de transición para facilitar la adaptación a la nueva normativa, considerando el primer año (2025) como un periodo de "transición y rodaje" de la aplicación del PRESVET.

Son asociaciones veterinarias de toda España las que dan apoyo a esta manifestación que nació por una iniciativa de Laia Sàbat, veterinaria de la clínica Bitxos Veterinaris Alella, que presentó una instancia en la web de la Generalitat para solicitar una manifestación, sin pensar en la repercusión que tendría, y que ha superado todas las expectativas, según explica en la web de la Confederación Empresarial Veterinaria Española. Rápidamente, la iniciativa fue creciendo y se formó un grupo de WhatsApp entre veterinarios, hasta reunir miles de profesionales de todo el estado. Con el tiempo se sumaron colegios veterinarios, como el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) y numerosas entidades y asociaciones animalistas.

Una marea azul

Los organizadores han pedido a los participantes en la manifestación que lleven una prenda de color azul (el color de la cruz veterinaria) con el fin de crear una marea azul de reivindicación, y también han pedido a los amantes de los animales y propietarios de mascotas que vayan acompañados de sus perros, siempre controlados y atados.