Víctimas de abusos han pedido a la Fiscalía investigar si los jesuitas encubrieron los hechos, el día siguiente de saber que un juez investiga al cura y profesor Francesc Peris por abusos a una menor en 2004. En una carta titulada Cel en una altra vida, infern en aquesta y avanzada este jueves por El Periódico, 24 exalumnos de los colegios Casp y Sarrià —doce víctimas y doce compañeros— han solicitado que el fiscal investigue si hay más casos de los denunciados y si los responsables de la Companyia de Jesús han podido cometer un delito de encubrimiento "continuado".
En el documento, han recordado que la Fiscalía de Bolivia ya ha imputado a tres responsables de los jesuitas por encubrimiento —según los afectados, la Companyia de Jesús envió al país americano a varios religiosos señalados por abusos— y han considerado que en Catalunya "hay suficiente evidencia" para que el ministerio público también lo haga, aunque muchas de las agresiones han prescrito. Los Jesuïtes de Catalunya reconocieron en julio que tenían contabilizadas un total de 145 denuncias por abusos desde 1948, aunque en la mayoría no ha recurrido penal por prescripción del delito o muerte del agresor. El portavoz, Pau Vidal, también hizo público el nombre de catorce agresores sexuales: los que más denuncias acumulan son Lluís To (25), Francesc Peris (22), Emilio Benedetti (14), José Climent (8) y Francesc Roma (7).
La Fiscalía no tiene justificación
"Dados los datos conocidos, y reconocidas por la Companyia de Jesús, no hay justificación para que no actúe, empezando por exigir, y si se niegan, requisar, toda la documentación relevando de una organización que no conocía, no denunció, y, pudiendo, no evitó, gravísimos delitos de pederastia durante décadas", recoge la carta. Además, los impulsores de la misiva han criticado que la orden no reconociera en julio "la reincidencia en la mayoría de los denunciados". "Los culpables directos son los agresores, pero sin la protección y encubrimiento de compañeros y superiores, con traslados donde continuaron sus agresiones pederastas, este horror nunca habría durado medio siglo", han añadido.
En esta línea, han reclamado que la Companyia de Jesús ponga sus archivos a disposición de las autoridades, que "investiguen, identifiquen, hagan públicos y castiguen a todos los responsables de la protección y encubrimiento de los agresores" y que pidan perdón públicamente por todas las víctimas que no quisieron evitar. Mientras no lo hagan, los exalumnos considerarán que todo tipo de perdón del orden será una burla y una ofensa a las víctimas. Con respecto a las 145 denuncias contabilizadas por los Jesuïttes de Catalunya, sospechan que podría haber más y quieren que se investigue en sus archivos si hay evidencias de hechos que nunca llegaron a los tribunales: "Mientras prometían el cielo en la otra vida, creaban un infierno en esta".
Peticiones al Govern, al Parlamento, al Vaticano...
La carta también va dirigida a las conselleries de Educació, Drets Socials y Justícia, al Parlament, al Síndic de Greuges, al Gobierno, al Defensor del Pueblo y al Vaticano, para exigir "actuaciones urgentes respecto a las agresiones ocurridas en estos y otros centros religiosos durante décadas". Así, a las conselleries han reclamado responsabilidades, ya que las escuelas donde pasaron los hechos se financiaban con dinero público; también quieren que se garantice que las autoridades disponen de toda la información necesaria para hacer una investigación.
Los exalumnos han solicitado al Parlament que se reactive "urgentemente" la comisión creada en la anterior legislatura "y que se cerró por convocatoria electoral sin concluir sus trabajos, incluyendo solo a dos víctimas entre las más de ochenta comparecencias propuestas". Además, han pedido que se retire la medalla de oro otorgada a la Abadia de Montserrat, "donde se ha demostrado que hubo agresiones y encubrimiento institucional". Al Gobierno, le han reclamado que implemente las recomendaciones del Defensor del Pueblo y active de una vez el mecanismo de protección y reparación a las víctimas, así como la aprobación urgente de la propuesta de ley para declarar estos delitos imprescriptibles —ya aceptada a trámite en el Congreso—. Finalmente, quieren que el Vaticano inste todos los colegios, órdenes e instituciones de la Iglesia para que entreguen sus archivos a las autoridades y poder investigar "posibles agresiones no denunciadas y encubrimientos no prescritos".