Catalunya sufre una falta de oficinas bancarias insostenible. Ya hace meses que miles de personas, especialmente las personas mayores, reclama a los bancos más cajeros automáticos porque no pueden sacar su propio dinero. Si bien es cierto que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización, ya trabajo años que los bancos cerraban sucursales por todo nuestro país. En concreto, en los últimos diez años se han encerrado la mitad de cajeros en Catalunya –se ha pasado de 8.155 a las 2.582 actuales- y más de 200.000 personas se tienen que desplazar al menos cinco kilómetros para encontrar a uno. Es por eso que las administraciones y entidades de todo el territorio han propuesto varias soluciones para poner fin.
Hace años que los municipios más pequeños luchan contra este llastre: algunos han optado por instalar cajeros en edificios públicos (con un coste de más de mil euros mensuales); otros, han puesto cajeros de Cardtronic en la calle, que tiene un coste de más de 600 euros al más y que cobran 2,5 euros cada vez que alguien saca dinero si no hay un convenio con el banco; algunos ayuntamientos o Consejos Comarcales han apostado directamente por poner taxis o autocares para que la gente se desplace al pueblo más próximo; y otros consistorios han ofrecido cursos para las personas mayores para que aprendan a utilizar la banca digital.
Todas estas "soluciones", sin embargo, no cortan la raíz del problema, sino que son pequeños parches para mejorar en la medida en que sea posible la vida de los ciudadanos. Además, van a cargo de los consistorios, que tienen que asumir un coste extra que no les correspondería.
EFE
La propuesta del Vendrell: tocar el bolsillo a los bancos
En esta línea, desde el Ayuntamiento del Vendrell se ha anunciado una propuesta que parece que coge fuerza y que se puede extender como una mancha de aceite a otros municipios. Se trata de subir los impuestos de los bancos para forzarles a cambiar. La idea es que paguen una tasa municipal de uso de la vía pública por las colas que generan en la calle, con un importe que podría llegar a los 10.000 euros. En caso contrario, si el banco amplía horarios y mejora la atención, prevén una bonificación del 90%. Ahora, sin embargo, se ha creado una comisión que estudiará como aplicar la medida para que tenga validez jurídica. Por lo tanto, todavía habrá que esperar.
El Gobierno promete medidas
Por su parte, después de recibir más de medio millón de firmas de las personas mayores para reclamar medidas urgentes, el Gobierno ha anunciado que a finales de mes tendrá terminado un plan para la inclusión financiera. Según ha explicado la ministra Nadia Calviño, primero se tomarán medidas a corto plazo y después seguirán trabajando para aplicar medidas más estructurales.
Calviño ha añadido que el Ministerio espera "buenas propuestas" por parte de los bancos, porque quieren "medidas efectivas, no maquillaje ni apariencias". De momento, sin embargo, no ha avanzado cuáles serían, aunque ha dejado claro que primero se priorizarán las zonas rurales y las personas mayores.