El Gobierno anunció la última semana la aprobación de un nuevo proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda. Desde el ejecutivo han sacado pecho y aseguran que es la primera ley de la historia que garantizará un hogar digno para todo el mundo, "un hito histórico para la democracia". Los puntos más destacados de este proyecto es la regulación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, el aumento del IBI a quién tenga pisos vacíos, el aumento del número de viviendas protegidas en un 30% y más facilidades de acceso y la aplicación de rebajas fiscales a los propietarios que bajen los precios. Pero... ¿todo eso se hará realidad o es pronto para cantar victoria?
Una carrera de obstáculos
Esta ley, de momento, sólo ha pasado por el Consejo de Ministros y lo ha hecho con un dictamen en contra del Consejo General del Poder Judicial por "intervencionista". Ahora, empezará el debate entre partidos y tendrá que ser aprobada por una mayoría en el Congreso. La ley se someterá al trámite parlamentario por la vía de urgencia para cumplir cuanto antes mejor uno de los hitos del Pla de Recuperación.
Como ya hemos visto en los últimos episodios del hemiciclo madrileño, el consenso no será fácil, ya que buena parte de la oposición considera que va en contra de los propietarios. En caso de ser aprobada, además, los partidos podrían frenarla con un recurso al Constitucional, una posibilidad que cada vez coge más fuerza.
De hecho, si eso pasara, se basaría en los mismos argumentos que ya ha utilizado el CGPJ para posicionar en contra. La gran crítica es que el gobierno central cogerá demasiado control en materia de vivienda y limitará las competencias que tienen ahora los territorios. Según su opinión, la nueva ley dejaría las comunidades y la gestión municipal en una figura de simples técnicos de su tramitación y eso supone una clara "expropiación de las competencias". En este sentido, también alertan de que regular la vivienda corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias de acuerdo con la orientación política mayoritaria que hay y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en esta materia.
Así pues, a pesar de la ilusión que ha creado esta nueva ley por garantizar el derecho a la vivienda, todavía queda un camino largo para que sea (si llega nunca a serlo) una realidad.
EuropaPress
¿Qué contempla esta ley?
Más vivienda social. En primer lugar, la futura norma irá encaminada a reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles. En concreto, persigue satisfacer la necesidad de vivienda de los colectivos más desfavorecidos, en situación de vulnerabilidad o exclusión social y, con carácter general, de los que tengan más dificultades, como son los jóvenes.
En segundo lugar, se establece una calificación indefinida de vivienda protegida, garantizando siempre al menos un periodo de treinta años. De la misma manera, se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, una figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo que pretende favorecer la participación del sector privado y del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico y fiscal, entre otros.
Otro de los puntos que despierta más atención es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado por parte de las administraciones competentes en esta materia. La norma estatal incorporará un procedimiento de declaración basado en criterios objetivos, según los cuales se aplicarán las medidas encaminadas a equilibrar y rebajar los precios del alquiler a las áreas tensionadas. Vinculado a eso, se incorpora la definición de grandes horquillas con carácter general, entendiéndolas como la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, de idéntico uso.
ACN
Más medidas con respecto al alquiler
En materia de precios del alquiler de vivienda, el proyecto establece nuevos mecanismos de contención o bajada, a través de la mejora del marco fiscal, presupuestario, o de gestión patrimonial, y de regulación en las áreas tensionadas. Igualmente se plantea una mejora de la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, de manera que establece en los nuevos contratos un porcentaje de reducción del 50%, que se podrá incrementar según varios criterios.
En materia de desahucios, mejoras en el procedimiento en situaciones de vulnerabilidad para garantizar una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales, y se asegura que puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. La ley establece además un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida de alquiler dentro del suelo de reserva para este tipo, y clarifica la posibilidad de que la legislación urbanística pueda fijar una reserva del 30% en suelo urbanizado.
La regulación de los alquileres, uno de los puntos más polémicos, prevé la limitación de rentas para las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas en las zonas que los gobiernos regionales declaren tensionadas, en función de un índice de precios que se elaborará en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Fuentes del Ministerio han indicado que mientras que este índice no esté listo, no se podrá aplicar en los grandes horquillas, sobre las cuales, no obstante, sí que recaerán medidas generales como la referencia a contratos anteriores.