Pablo Muñoz y Cruz Morcillo trabajan en el diario ABC de Madrid. Allí publicaron una escucha telefónica en que dos investigados por pertenecer a la “camorra” napolitana hablan sobre Luis Bárcenas, el extesorero del PP en prisión provisional sin fianza por el caso Gürtel. El fiscal pide ahora para ambos periodistas dos años y seis meses de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. La otra acusación, ejercida por el mismo Bárcenas, quiere tres años de prisión. Además, la Fiscalía solicita 50 euros diarios de multa en 20 meses, es decir, 30.000 euros. La información se publicó cuando la investigación que incluía la conversación ya no era secreta.

Muñoz y Morcillo, sin embargo, son afortunados. Sus colegas turcos Rohat Aktas, Gülsen Yildiz y Mohammed Zahir al-Shergat, y el ruso Dmitiri Tsilikin fueron asesinados mientras hacían su trabajo.

Las violaciones de la libertad de información han aumentado un 30% el primer trimestre de 2016 en comparación con el último de 2015, según datos del Centro Europeo para la Libertad de Prensa. El mapa de agresiones y censuras se ha visto incrementado en 301 nuevos casos en ese periodo.

Asesinatos

El catálogo de incidentes recoge el asesinato de cuatro periodistas, además de 43 casos de asalto físico (entre ellos el diputado ucraniano que rompió el brazo al director del diario local de Nova Kakhovka) y 87 de intimidación, que incluye abuso psicológico, acoso sexual y cibernético, y difamación.

"El conflicto en Turquía y Ucrania oriental, además del abuso de la ley (como procesar a los periodistas como terroristas), tienen un efecto negativo sobre la libertad de prensa en todo el continente", explica Hannah Machlin, que trabaja en el equipo que elabora el Mapa de la Libertad de Prensa.

En el Estado español se han documentado nueve incidentes entre el 1 de enero y este viernes 13 de mayo del 2016, incluido el caso de Muñoz y Morcillo. Sólo uno en Barcelona: un vídeo colgado por Neymar donde llama “bobo” a un periodista, presumiblemente Manolo Lama, de la COPE.

Chantaje

Eso no es nada. Rohat Aktas, director del diario en lengua kurda Azadiya Wela, fue hallado muerto en un sótano un mes después de ser tiroteado mientras cubría los enfrentamientos entre la guerrilla kurda y el ejército turco. El reportero de tv Gülsen Yildiz murió en un ataque contra un convoy militar en Ankara. Mohammed Zahir al-Shergat murió por heridas de bala mientras cubría un atentado de Estado Islámico.

El cuarto muerto es Dmitiri Tsilikin, un conocido periodista cultural que trabajaba para Vogue y Elle. Murió a cuchilladas en su casa de San Petersburgo. Le estaban chantajeando por su condición homosexual, según el Centro Europeo para la Libertad de Prensa.

Más de la mitad de las 43 agresiones contra periodistas ocurrieron en Ucrania, Italia y Rusia. Los nueve incidentes en Italia incluyen agresiones de hinchas descontentos con la cobertura de sus equipos de fútbol. En Rusia la cosa no es tan suave. Entre otros casos, figura el ataque a seis periodistas en la República de Ingushetia mientras visitaban el país invitados por el Comité para la Prevención de la Tortura.

Turquía, el peor país

El número de muertos y también las cifras de detenciones de periodistas y de actos de censura confirman a Turquía como el país más peligroso para ejercer como periodista. Quince de las 27 detenciones se produjeron en aquel país y tienen como protagonistas a reporteros que informaban sobre la violencia o las protestas.

Las detenciones confirman el patrón de conducta de las autoridades turcas: están planificadas como parte de las operaciones antiterroristas.

Capítulo aparte merece la amplia gama de leyes aprobadas a finales de 2015 para restringir el trabajo de los periodistas.

El Parlamento húngaro aprobó una enmienda que restringe el acceso a la información pública sobre los servicios estatales y el Ministerio del Interior una legislación que penaliza el uso de servicios codificados en prevención del terrorismo. El tribunal constitucional del país decretó inconstitucionales ambas medidas.

Rumania ha aprobado una ley que obliga a los culpables de difamación a pagar multas de hasta 22.000 €. El gobierno francés también ha dado más competencias de control a la Comisión de Vigilancia  Audiovisual.

Turquía, otra vez, se lleva la palma en este capítulo. El 4 de marzo del 2016, un tribunal de Estambul se incautó del diario Zaman y lo puso en manos de un grupo de gestores nombrados por el juez. Zaman es uno de los diarios más vendidos del país y crítico con el gobierno islamista moderado del primer ministro Reccep Tayyip Erdogan.

"Estamos pasando los días más oscuros para la libertad de prensa", dijo el diario en un comunicado. La toma de posesión de los gestores judiciales se hizo bajo protección policial.

"Los gobiernos aplican leyes penales de seguridad para eludir las protecciones que tradicionalmente se ofrecen a los periodistas. Registran las redacciones y las casas de los periodistas y les confiscan material y documentación. Todo tiene un efecto negativo sobre el periodismo de investigación y no puede justificarse por razones de seguridad nacional", protesta Dunja Mijatovic, representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación.