Las prisiones catalanas han experimentado un incremento de episodios de violencia, entre reclusos y contra funcionarios, así como las autolesiones y suicidios, en los últimos años. De enero a noviembre de este año se han registrado 1.491 agresiones entre internos y 329 a funcionarios (aparte de 286 tentativas). Las agresiones a funcionarios afectan al 7,2% de la plantilla formada por 4.517 profesionales. Así lo reflejan las nuevas estadísticas del Departament de Justicia, que desde esta semana publica en su web en un ejercicio de transparencia.
Los datos de este año muestran unas cifras similares al mismo periodo del 2023: 1.472 agresiones entre internos, y 337 agresiones a funcionarios (más 271 de tentativas). Hay un cambio de tendencia en las agresiones graves. En concreto, se han registrado 46 agresiones graves a funcionarios en los centros penitenciarios catalanes este año hasta noviembre, cifra que, por ahora (falta un mes), es inferior a las 75 agresiones graves registradas todo el año 2023 y a las 52 en el 2022, según los descriptores estadísticos de los Servicios Penitenciarios bajo el epígrafe Seguridad Interior. El Departament de Justicia clasifica las agresiones junto con los sindicatos de prisiones y las graves son todas las que implican bajas laborales.
Primer crimen en una prisión
Precisamente, hace tiempo que los sindicatos de prisiones denuncian un incremento de incidentes y el anterior equipo al frente de Justicia, lo admitió y contrató un centenar de personal para evitar agresiones y autolesiones, que se han incorporado recientemente. Las medidas se vieron urgentes con el conmovedor asesinato de Núria López, cocinera de la prisión de Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragonès), por parte de un recluso condenado por asesinato que después se suicidó, el marzo pasad. Fue el primer crimen en una prisión catalana y del Estado español.
Más de 700 móviles y 500 objetos cortantes y punzantes
En la nueva estadística, también se documenta las requisas de material prohibido en las prisiones catalanas este año. Los principales son: 1.595 objetos prohibidos, 1.416 sustancias tóxicas, 701 móviles, 312 objetos cortantes y 196 de objetos punzantes, y 55 de alcohol artesanal. Cifras un poco inferiores al mismo periodo del 2023.
Además, la prisión de Mas d'Enric (con 850 reclusos), donde mataron a Núria, se sitúa entre los cuatro primeros centros donde se registra más violencia e incidentes, por detrás de prisiones con más reclusos, como Brians 1 (1.100 reclusos y donde va la mayoría de preventivos) y Brians 2 (1.563 personas), según las estadísticas. Por ejemplo, este año se han registrado 10 agresiones graves a funcionarios en Mas d'Enric, la misma cifra que en Brians 1. Y, la prisión de Ponent, con una población de 632 reclusos, también aparece como de las más conflictivas, con 9 funcionarios con lesiones graves.
En este sentido, los incidentes en la prisión de Mas d'Enric, junto con la prisión de Jóvenes y la de Cuatro Camins, es destacado en el estudio Violencia intrainstitucional en las prisiones de Catalunya, elaborado por el reconocido catedrático de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona (UB), Antonio Andrés Pueyo -que es autor de diferentes instrumentos usados en los penales catalanes para valorar el riesgo de reincidencia (el RisCanvi) y a la policía catalana para graduar la violencia contra la mujer- junto con el profesor David Férez Mangas. Los dos profesionales alertaron que hacía falta realizar actuaciones especiales en estos centros, aunque el estudio se ha publicado recientemente, después del crimen de Núria.
Valorar el riesgo y hacer tratamientos
En el estudio, se han analizado tres muestras extraídas de datos oficiales recogidos por los Servicios Penitenciarios del Departament de Justicia entre los años 2017 y el 2022. En concreto, se han desbrozado los 63.946 incidentes ocurridos a los penales catalanes en estos cinco años. También el perfil de 11.046 personas internas que cometieron algún tipo de incidente dentro de las instalaciones penitenciarias de Catalunya en este periodo. Y finalmente, en una tercera parte, se compara la situación de 3.108 personas que cumplían una pena privativa de libertad, de las cuales 1.517 cometieron algún incidente violento, y 1.591 personas reclusas, no. Señalan que en 2022 es cuando hay más casos de violencia e incidentes, cifras que se mantienen altas en los años siguientes, según las estadísticas.
"Las causas de la violencia convergen en un problema donde multitud de factores y procesos causales confluyen en un ecosistema como es la prisión", afirman a los profesores Pueyo y Férez. Exponen que es importante valorar a las personas sin demora cuándo ingresan en las prisiones, desde si tienen adicciones a su riesgo de violencia. Manifiestan que "una manera de reducir y prevenir las conductas violentas en la prisión son los tratamientos penitenciarios". También proponen la integración del personal de régimen interior en la gestión del riesgo con el resto de profesionales de los centros.
Visitas y una buena dieta
Pueyo y Férez recuerdan que para evitar los conflictos en los centros hay que potenciar acciones de convivencia, como las visitas familiares, y que la comida sea de calidad. "La dieta alimentaria no solo es un indicador relacionado con la calidad de vida y satisfacción de las personas privadas de libertad, sino que es un factor asociado a la mala conducta institucional, a la violencia carcelaria y a los desórdenes," manifiestan, y aseguran que "la literatura científica aporta estudios donde la dieta influye significativamente en la reducción de incidentes violentos y de mala conducta con una reducción del 10% de los incidentes". También exponen que las agresiones se concentran en el personal más joven y que por eso propone que se hagan equipo de trabajo con edades diversas.
En el estudio, se precisa que los incidentes que presentan mayor prevalencia son: las agresiones leves entre personas internas (26,2%), alteraciones leves del orden (22,6%), intervenciones de objetos peligrosos o prohibidos (13,3%), intervención de sustancias tóxicas (10,5%), autolesiones leves (8,1%), huelgas (5,7%) y alteraciones graves de la orden (4,6%). Con respecto a los graves, se cometieron 409 agresiones graves entre reclusos y 217 agresiones graves contra los funcionarios de las prisiones
También se destaca que del total de incidentes, los cometidos por personas internas de entre 18 y 30 años el año 2017 fue del 39,1%, mientras que el año 2022 fue del 52,5%. Por el contrario, se indica el número de incidentes con la implicación de personas de entre 31 a 89 años no aumenta. Los autores, además, hacen énfasis que la mayoría de los protagonistas de estos incidentes son autores o acusados de delitos de robo con violencia (que son la mayoría de condenados), por delante de los condenados por asesinato u homicidio (hay un millar en las prisiones de Catalunya).
Menos sobredosis por drogas durante la Covid-19
Además, los profesionales destacan que "un dato interesante que llama la atención es la disminución de las sobredosis graves o leves durante el 2020, coincidiendo con la existencia de 100 días de confinamiento decretados por la Covid-19." Y razonan que "probablemente, las restricciones generaron la circulación de una menor oferta de sustancias prohibidas en los centros penitenciarios". Añaden que esta situación de aislamiento "no se tradujo en un factor macro desestabilizador que hiciera aumentar de forma significativa las cifras de violencia intrainstitucional o de mala conducta".
Durante el confinamiento, el Departament de Justicia compró móviles y tabletas para que los reclusos hicieran conexiones con sus familiares, y también se potenció el tercer grado a personas en la recta final de su condena y con buen comportamiento. No obstante, las reclusiones obligadas para evitar contagios de la Covid-19 sí que fue uno de los factores del incremento de suicidios y afloró casos de salud mental en las prisiones, como en la sociedad en general, según los expertos. A falta de un mes para acabar el año, 11 personas se han suicidado en las prisiones catalanas; el año 2022 fue la cifra más alta: 14 reclusos. Los departamentos de Justicia y Salud han reforzado los protocolos para evitarlo.
En la foto principal, dos funcionarios de vigilancia de la prisión de Brians 2. / Foto: Departamento de Justicia/ Archivo