Mireia Garriga se enteró por teléfono de que su pareja había muerto. “Jordi salió de casa una mañana con su bici y su cámara, súper feliz, y no volvió; le dio un ataque fulminante al corazón, y a mí me llamaron los Mossos d’Esquadra para contarme lo que había pasado”. Mireia y Jordi llevaban 18 años siendo compañeros de vida y tienen dos hijos en común, de 11 y 8 años, pero Mireia no está reconocida como su viuda ni recibe la retribución que le correspondería. En solo un año y medio le han denegado la pensión de viudedad hasta en tres ocasiones porque no se habían casado ni se habían registrado como pareja de hecho. A ojos del Estado, Mireia y Jordi ni son ni eran nada.
Sumergida en el duelo y con la vida rota, el primer golpe de realidad llegó cuando tuvo que ir a recoger las cenizas de su compañero. Como no estaban formalmente casados, no tenía derecho a recogerlas. “Me dijeron que no me las podían dar porque yo no era nadie para Jordi, y esa frase me impactó mucho”, explica esta mujer de 46 años y natural de Torelló. El segundo bache llegó con la burocracia, el cierre de la herencia y la gestión con los bancos. En todos lados constaba como la pareja de Jordi y no tuvo problema en abrir su testamento vital y hacer las gestiones bancarias ante notario. Hasta que tuvo que solicitar la pensión de viudedad y la Seguridad Social no la reconoció, una realidad que ella desconocía. “Yo soy viuda, pero no soy una viuda reconocida por el Estado”, sentencia, y fue el gestor quien le dijo con dureza que le iban a rechazar la pensión. “Me sentí muy juzgada y me estuve preguntando durante días por qué no me había casado”, cuenta.
Su caso no es, ni por asomo, una excepción. Más de 10.000 familias en todo el Estado español no están reconocidas por no haber pasado por el altar o el registro, pese a poder acreditar años —y décadas— de convivencia y/o hijos en común, según ratifica la asociación Viudedad Igualdad, desde donde Garriga hace piña con otras personas —principalmente mujeres— para conseguir cambiar la normativa. Un marco legal que en algunas comunidades autónomas con Código Civil propio —como Catalunya— históricamente sí había contemplado la pensión de viudedad en parejas de hecho no registradas.
Perder un derecho que ya existía desde 2007
Echando la vista atrás, en 2007 se aprobó una Ley de parejas de hecho que daba luz verde a las prestaciones de viudedad para este modelo familiar. En el caso catalán, se aplicaba el derecho civil propio: con un hijo en común o acreditando una prueba de convivencia de un mínimo de dos años ya se podía demostrar que se era pareja de hecho y, por lo tanto, tener acceso a la pensión de viudedad. “Incluso los que no tenían hijos o padrón conjunto podían ir al juzgado a demostrarlo con testimonios o papeleo; yo gané un juicio porque la pareja tenía el recibo conjunto de Canal Plus”, explica Àlex Tisminetzky, abogado y socio de Col·lectiu Ronda.
Pero en 2014 hubo un giro de tuerca y una sentencia del Tribunal Constitucional determinó que aplicar el Código Civil catalán a los catalanes era discriminatorio para el resto de las parejas del Estado, obligando a tener que cumplir con el Código Civil español, según el cual para recibir la pensión había que inscribirse en el libro de parejas de hecho. Desde ese momento y hasta la actualidad, cualquier persona que sea pareja de hecho y no esté inscrita en un mínimo de dos años en el libro de registro no tendrá derecho a la prestación de viudedad. De hecho, esta prestación es el único reducto que sigue exigiendo esta inscripción para tener pleno derecho como pareja de hecho.
Mireia Garriga: "Cuando el gestor me dijo que no me darían la pensión, me sentí muy juzgada y me pregunté durante días por qué no me había casado"
La sentencia de 2014 socavó la realidad de muchas familias, pero es que, además, lo hizo sin una transitoriedad en su aplicación. La interpretación del Tribunal Constitucional se instauró de manera drástica sin que las parejas de hecho que se regían por el Código Civil propio de su comunidad autónoma tuvieran ningún tipo de información. “En Catalunya este libro no existía, así que era imposible que los primeros dos años alguien hubiera podido estar inscrito en un libro inexistente”, expone Tisminetzky. Y muchas personas que estaban en pleno trámite por la pensión de viudedad quedaron afectadas.
Carmen Pinillos fue una de esas primeras mujeres que sintió el embate de la ley en su contra. Perdió a su marido en marzo de ese año, justo un mes antes de la aplicación de la ley: es decir, que cuando inició la petición de la pensión todavía la amparaba la normativa del 2007. Pero con dos hijas en común y décadas de convivencia se la denegaron. “En la misma Seguridad Social me dijeron que debía de haber un error porque yo cumplía con todos los requisitos, así que desde las mismas oficinas me prepararon el recurso, pero vino denegada de nuevo”, recuerda Carmen. También se la rechazaron en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en el Tribunal Supremo, donde se sintió señalada. “Me dijeron que yo le tenía que haber dado forma constitucional a mi pareja sabiendo que existía esa cuestión de inconstitucionalidad; encima te llaman irresponsable, fue una vergüenza el trato que nos dieron a las primeras y el que siguen dando a parejas que se encuentran con esta situación”.
Carmen Pinillos: "Me dijeron que yo le tenía que haber dado forma constitucional a mi pareja sabiendo que existía esa cuestión de inconstitucionalidad; encima te llaman irresponsable"
Esa sensación de injusticia empujó a Carmen a no quedarse quieta. Sevillana y residente en Begues (Baix Llobregat), al quedarse viuda se puso en contacto con la Asociación Vida, presidida por Silvia Oñate —diputada del PSOE— y que luchaba para que las parejas de hecho se equipararan al matrimonio y tuvieran acceso a la pensión de viudedad. “Con la reforma de la Ley de Seguridad Social de 2021 se consiguieron modificaciones y que se contemplara la pensión para las parejas de hecho, pero lo único que entró fue la modificación sobre la dependencia económica y el tiempo de convivencia, y se mantuvo el requisito de la inscripción”.
Esta negativa fue el detonante de la creación de la asociación Viudedad Igualdad, de la que Pinillos fue impulsora en 2022 junto a otras afectadas de todo el Estado. Actualmente son una sesentena de personas —fundamentalmente mujeres— repartidas por todo el Estado que buscan modificar el artículo 221 de la Ley de Pensiones de la Seguridad Social. “Queremos que se admita que cualquier medio de prueba admitido en derecho sea suficiente para demostrar que constituías una familia; además, es que es una pensión contributiva a la que tienes derecho, porque tu pareja ha estado contribuyendo mensualmente con sus aportaciones a la Seguridad Social”, explica Pinillos, pero reconoce que el camino está siendo arduo y difícil. “Cada vez que ha habido una reforma de la Ley de Pensiones o que se debatía la Ley de Presupuestos hemos intentado que se admita, pero no estamos consiguiendo nada”.
Tampoco con el proyecto de Ley de Familias de 2023, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2024 y que no prevé que las parejas sin registrar sean un modelo de familia. Actualmente la ley está en fase de presentación de enmiendas a la totalidad y la entidad lucha para que sus demandas tengan un hueco en el texto. “Es un verdadero disparate, porque están saliendo continuamente noticias de cómo se falsifican parejas de hecho para conseguir la residencia u otros beneficios, pero parece ser que al Gobierno y al ministerio de Seguridad Social le sigue siendo suficiente que exista un registro, aunque pueda ser fraudulento”, lamenta esta sevillana de 66 años.
Una demanda con brecha de género
No recibir la pensión de viudedad no solo es un bache moral, sino que impacta en el bolsillo de las afectadas. Mireia, por ejemplo, tiene tres trabajos con los que llega a un sueldo medio del que tenían ella y Jordi. La brecha de género de esta prestación es demoledora: el 96% de las pensiones de viudedad en España las reciben mujeres, según un estudio de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). En los últimos cuatro años, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha desestimado 1.309 pensiones de viudedad a parejas de hecho en España por no estar registradas, según datos facilitados por el organismo a la asociación, siendo Catalunya la comunidad con más solicitudes denegadas. Solo el 21% —275— eran de hombres.
Uno de ellos fue Roger Palà, que perdió a su pareja repentinamente en 2018. En aquel momento no sabía que 20 años y un hijo en común no le garantizarían la retribución. Precisamente fue su abogado, Tisminetzky, quien le alertó. "Me dijo que veía más probable que se declarara una república catalana y el marco jurídico lo reconociera que no que el Constitucional cambiara la sentencia", recuerda con sorna. Y clarifica: "Estamos delante de una ley injusta que no responde a la sociedad actual, porque hoy en día hay muchas maneras de vivir en pareja y el ordenamiento jurídico no debería permitir que hubiera desprotección social hacia las personas que no escogen la vía del matrimonio".
Roger Palà: "Tengamos en cuenta que esto se podría cambiar con una votación en el Congreso de los Diputados, que en este momento tiene una mayoría progresista"
De hecho, lo que pretendía conseguir el TC con la sentencia de 2014 era supuestamente equiparar los requisitos de las parejas de todo el Estado y luchar contra el fraude. “Tener una hipoteca, un testamento o hijos no tiene ningún valor para la Seguridad Social, pero sí que vayas a un notario y pagues una cantidad mínima para constituirte como pareja”, critica Carmen, que además alerta que con el marco actual ya se han dado casos de parejas que falsifican su situación para conseguir otros fines, como el permiso de residencia. "Incluso en caso de fraude, estaríamos hablando de tan pocos casos que el daño que esto ocasionaría sería mucho menor que el que está ocasionando el hecho de que haya miles de personas en esta situación de vulnerabilidad, sobretodo mujeres", analiza Palà.
Sin embargo, parece que la lucha se está librando más en la calle que en los despachos. Tanto Carmen como Mireia creen que organizarse desde la asociación les ayuda a sentirse más fuertes y también les facilita el trato con la administración, tanto a la hora de solicitar información como para reunirse con diputados y grupos políticos. De hecho, se han encontrado con palabras de apoyo. “Muchos políticos incluso nos dicen que es su modelo de familia y que desconocían la situación”, exclama Carmen. En el caso de Mireia, un año y medio después de la muerte de Jordi está plenamente comprometida con su reivindicación. “Necesitamos firmas para que el Congreso nos avale y nos estamos moviendo por los municipios, entrando instancias para que se adhieran y tener más fuerza en Madrid para intentar cambiar esta ley”.
Desde el mundo jurídico, la esperanza se compagina con el escepticismo. “Gobiernos y administraciones todavía no han dado el paso de solucionarlo y, como juristas, hasta que no veamos la norma cambiada no nos lo vamos a creer”, dice el abogado de Col·lectiu Ronda, que acompaña a la entidad cuando lo necesita. “Hay muchas promesas, pero hasta que no haya una presión social a los políticos creo que será muy difícil, porque intentan reducir al máximo el gasto público y esto podría significar un aumento del gasto en Seguridad Social”, explica Tisminetzky.
Palà apoya esta idea. Periodista y uno de los fundadores del medio Crític, sospecha que no es tanto por ideología como por la manera de gestionar los recursos de la administración. "Es muy fácil movilizar recursos para incrementar el gasto en defensa, en policía o para incrementar las ayudas a las grandes empresas, pero cuando se trata de movilizar recursos públicos para garantizar derechos a las personas en situación de vulnerabilidad, todo es muy complicado", denuncia. Para él, la solución pasa por interpelar a los políticos y pedirles que hablen de ello en las instituciones. "Tengamos en cuenta que esto se podría cambiar con una votación en el Congreso de los Diputados, que en este momento tiene una mayoría progresista".
La mayoría de las parejas cree que tienen acceso a la pensión de viudedad
Pese a que la sentencia de inconstitucionalidad fecha de 2014, en el imaginario colectivo aún persiste la idea de que la convivencia y los hijos son suficientes para acreditar la pareja de hecho y, por lo tanto, la garantía de la viudedad. “Casi nadie lo sabe y todo el mundo cree que tiene derecho a estas garantías”, explica Carmen, que se ha encontrado con negativas de su entorno incluso cuando les ha adjuntado la documentación. También denuncia que Catalunya no dio la suficiente publicidad al registro de parejas cuando se creó, aunque estaba estipulado por ley. “Estaba atenta porque promoví que se creara, y no vi que se diera tanta publicidad al tema”.
Àlex Tisminetzky: "Antes de 2014, incluso gané un juicio porque la pareja tenía el recibo conjunto de Canal Plus"
Coincide con ello Mireia, que lucha para que la gente sepa que esta problemática existe y pueda elegir libremente. “Estoy muy contenta de no habernos casado pese a todos estos problemas; no creíamos en eso y la vida no nos llevó a ello, pero veo que mucha gente de mi entorno se ha casado después de lo que me ha pasado a mí", sostiene. El resto lo corrobora, también Palà: después de lo vivido, él y su actual pareja decidieron casarse con un objetivo puramente instrumental y de seguridad. "Asumo una contradicción, pero es una contradicción que en estos momentos permite que mi pareja y mi hijo estén más protegidos".
Este colectivo no pide que se haga una ley a su gusto y semejanza, sino que vuelva a reconocerse un derecho que ya estaba contemplado en 2007. “Deberíamos poder casarnos por amor, y tengo ganas de demostrarles a mis hijos y a la gente que cuando nos juntamos y trabajamos en comunidad, las cosas pueden cambiar; la política la hacemos nosotros”, defiende Mireia. Tampoco pretenden incentivar el matrimonio, pero sí que las parejas sean conscientes del marco legal vigente y, como a ellas, no les pille por sorpresa. Lo dice Carmen: “Las animo a que peleen para que se consideren sus derechos o a que directamente vayan a registrarse; te privan de ese derecho, pero hasta que no te encuentras ahí, no te lo crees”.
