La afirmación que en Catalunya no hay vocación para ejercer de juez, fiscal o letrado de la Administración de Justicia ya no es del todo cierta. Así se desprende del hecho de que 97 personas se han presentado para obtener una de las 50 becas que el Departament de Justicia ha ofrecido para opositar a juez y fiscal. El objetivo de esta convocatoria es que los juzgados sean ocupados por más juristas que viven en Catalunya, que sepan y respeten la lengua propia y que no quieran marcharse a su comunidad, una vez han cumplido el año obligatorio en el primer destino, como ocurre actualmente, y así reducir la elevada movilidad en las plantillas, problema que se arrastra de hace años, además del elevado número de plazas vacantes.
La exconsellera Lourdes Ciuró (Junts) puso en marcha esta convocatoria, que se cerró el 5 de octubre pasado y que se había hecho en otros mandatos, pero no con una cifra de becas tan numerosa (50 becas anuales durante los próximos 4 años) y que ahora parece que ha quedado corta. El Departament de Justicia informó de que se destinarán 2.316.000 euros durante los cuatro próximos años, a razón de 579.000 por año, para estas becas. En este sentido, Justicia ha informado ElNacional.cat, que el resultado provisional de los 50 estudiantes aceptados se hará público el 9 de noviembre y el listado definitivo el 21 de diciembre.
Las condiciones de la beca
Las personas beneficiarias de esta beca recibirán 965 euros brutos al mes durante 4 años, ya que la preparación de las oposiciones a jueces y fiscal son muy difíciles. El Departament de Justicia ha fijado ciertos requisitos a los candidatos: tienen que tener el grado en Derecho y no haber transcurrido más de diez años de la obtención del título, y también hace falta estar empadronado y tener residencia efectiva en Catalunya, al menos cinco años de los últimos siete a contar desde la publicación de la convocatoria. Además, hará falta haber obtenido en el expediente académico del grado de Derecho una nota mínima de 6 sobre 10, así como tener conocimientos de la lengua catalana (nivel C o equivalente). Y, la persona beneficiaria que haya superado la oposición tendrá que acreditar haber solicitado, con carácter preferente, su plaza o destino en Catalunya.
Las personas becadas tendrán que dedicarse en exclusiva a la preparación de las oposiciones y disponer de una persona preparadora que tendrá que ser magistrado, juez o fiscal y haber accedido a la carrera jurídica o fiscal por el turno libre. Se requiere que haga 6 meses que se preparan. El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) realizará el seguimiento de las personas becadas mediante informes mensuales de las personas preparadoras y exámenes trimestrales - tipo test y orales- que harán evaluadores externos. Los y las becadas tendrán que presentar cada mes la justificación económica del pago al preparador.
El perfil de los 73 nuevos jueces y juezas
Precisamente, un total 73 nuevos jueces y juezas (52 mujeres y 21 hombres) de la LXX promoción juraron o prometieron su cargo en diciembre de 2021 (todavía con restricciones por la covid-19) y se incorporaron a su primer destino en un juzgado en Catalunya. Su perfil mayoritario es el de una mujer, de 28 años de media, que ha tardado unos cuatro años y medio a preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas (76,4%), según los datos recogidos en la encuesta que respondieron cuando ingresaron en la Escuela Judicial en el 2019, situada en Collserola, según informaba el TSJC. Se añadía que de los que sí que tienen o han tenido familiares juristas, en el 5% de los casos son jueces o magistrados y en el 20,6% desarrollan otras profesiones jurídicas.
A pesar de estas incorporaciones, el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, volvió a insistir en el problema de las vacantes en los juzgados de Catalunya durante la apertura del año judicial, el septiembre pasado. El Ministerio de Justicia todavía no ha respondido la petición compartida por la sala de gobierno del TSJC y de todas las asociaciones judiciales que hay que aprobar un complemento económico para los profesionales que quieran venir a trabajar a Catalunya, como tienen otros territorios como el País Vasco. Las elevadas cargas de trabajo y el encarecimiento del nivel de vida son los principales escollos para descartar Catalunya, según las entidades.
En la foto principal, acto de jura de los nuevos letrados de la Administración de Justicia, en diciembre de 2021. / Foto: TSJC