Francesc Xavier Ten i Figueras (Calella, 1960) es el presidente de la Asociació catalana en Pro de la Justicia (ACPJ), entidad que el Govern ha distinguido con el galardón Premio Justicia 2022, según anunció el martes. La entidad, constituida en 1987 y formada por jueces de paz titulares, sustitutos y exjueces de Catalunya, es la única de este tipo que existe en el Estado español. Ten ejerce de juez de paz de Calella desde 1989, preside el ACPJ desde el 2002 y ha recibido la medalla de honor del Departament de Justicia, el 2015 y la Cruz distinguida de la orden de Sant Raimon de Penyafort, que concede el Ministerio de Justicia, en el 2006. Confiesa que no podrá recoger personalmente el premio que el presidente Pere Aragonès entregará en un acto solemne el próximo 23 de enero porque tres días antes se va a México, a un viaje que hace tiempo tiene programado. Lo recogerán otros miembros de la junta de la entidad.

El reconocimiento de esta asociación de jueces de paz es bien oportuno. El Govern, primero con la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró (Junts) y ahora con la consellera Gemma Ubasart, ha defendido con firmeza que hay que mantener la figura del juez de paz, que el Gobierno quiere eliminar a través del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que se debate en el Congreso. Es una negociación política abierta de hace meses entre los gobiernos de Pere Aragonès y Pedro Sánchez, con propuestas que por ahora no convence a este colectivo. En algunos territorios del Estado español, esta figura puede recordar a la del cacique, pero en Catalunya son personas escogidas por los plenos de los ayuntamientos, que se forman constantemente sobre los cambios legislativos y son próximas a los ciudadanos, se insiste. Aparte, se expone que su retribución es "simbólica" y hay veces que no hay candidatos a jueces de paz, o quien se presenta lo hace como una tarea de voluntariado, según Ten. Actualmente, 898 municipios catalanes del total de 947 tienen juez de paz, mientras el resto tienen juzgado de instrucción y primera instancia.

¿Qué significa para la Asociación recibir el Premio Justicia 2022, la más alta distinción de la Generalitat en este ámbito?
Es un reconocimiento, en primer lugar, de una importancia extrema en el ámbito de la justicia y el derecho en Catalunya, y por eso sentimos una gran satisfacción. Y, al mismo tiempo es un reconocimiento a un trabajo serio y riguroso que se va desarrollando desde hace treinta y cinco años por el movimiento asociativo de los jueces de paz y en concreto de la Asociació Catalana en pro de la Justicia.

Es un reconocimiento de una importancia extrema en el ámbito de la justicia y el derecho en Catalunya. Y, también al trabajo riguroso desarrollado por el movimiento asociativo de los jueces de paz desde hace 35 años

¿Cuándo se creó la asociación y quién forma parte?
La Asociación fue creada el 31 de marzo de 1987, siendo la primera de este tipo de todo el Estado. Cuenta con cerca de 600 socios, aunque las actividades que organiza van dirigidas a todos los jueces y juezas de paz de Catalunya. Es una entidad sin afán de lucro que reúne a los jueces y juezas titulares, sustitutos y exjueces de paz. Catalunya es su principal ámbito y extensión.

¿Y sus objetivos?
Hacer propuestas para la mejor organización de la Justicia, así como potenciar la formación legal de sus socios con todo tipo de cursos y conferencias. Fomentar el diálogo con otras instituciones y asociaciones, potenciando las relaciones institucionales a varios niveles, tanto judiciales como gubernamentales y políticos. Organizar encuentros de jueces y juezas de paz en diferentes lugares del territorio para fomentar los vínculos entre todos. E, informar a los asociados sobre las cuestiones legales y técnicas que puedan serles de interés.

¿Actualmente, qué hace un juez de paz?
Actuamos en tres ámbitos. El primero es el registro civil, que son los nacimientos, las defunciones y las bodas. Hacemos certificaciones, expedientes para matrimonios civiles y toda clase de documentos que tengan que ir al encargado del registro civil del partido judicial. También tenemos competencias para dirimir en juicios verbales de hasta 90 euros y actos de conciliación, que son los que se hacen previamente a interponer una demanda. Es decir, si dos personas tienen un problema y en el juzgado de paz se lo podemos solucionar, se ahorrarán tener que coger a un abogado y un procurador e ir al juzgado de primera instancia. En el ámbito penal, nos ocupamos de los actos de comunicación: sentencias o documentación que se envían a los ciudadanos y pasan a través de los Juzgados de Paz para que no se tengan que desplazar a los juzgados del partido judicial.

El Gobierno quiere eliminar la figura del juez de paz mientras el Govern defiende esta figura en Catalunya. ¿Por qué esta diferencia de criterio?
Seguramente porque no ha existido la implicación asociativa ni de formación por parte de las autoridades ejecutivas de otros territorios, salvo Catalunya.

¿Qué implicaría su desaparición en Catalunya?
Perder la proximidad con la ciudadanía porque, junto con la institución del jurado, es el nivel más democrático que trabaja en la justicia. Los jueces de paz han sido escogidos por el pleno del Ayuntamiento, por los representantes democráticos del pueblo. Aquí empieza la proximidad. Sabemos en pueblos muy pequeños el prestigio que tiene el juez de paz como "buen hombre", una figura sugida a finales del siglo X, a la cual no primam sus conocimientos jurídicos, sino su actitud recta y respetada por el pueblo. Es escogido por la ciudadanía para dirimir los pequeños conflictos que puedan tener entre sus vecinos. Conflictos que no por ser pequeños quiere decir que no sean importantes.

Se perdería la proximidad con la ciudadanía. Los juzgados de paz, junto con el jurado, es el nivel más democrático que trabaja en la justicia. El juez de paz es escojido por la ciudadanía 

¿Realmente los jueces de paz evitan que se lleven disputas al juzgado?
Sí, especialmente en pueblos pequeños y en casos sobre lindes entre fincas. O también la reclamación de rentas derivadas del alquiler. La conciliación es un acto jurídico en el cual intervienen las partes con capacidad jurídica e intereses contrapuestos, con la finalidad de alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito. El ámbito de aplicación es en cualquier cuestión que pueda ser objeto de un procedimiento judicial con el fin de evitar el pleito que no sea de las materias exceptuadas como por ejemplo: los juicios donde haya menor y personas con la capacidad modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes; los juicios en que estén el Estado, las comunidades autónomas y otras administraciones públicas; el proceso de reclamación de responsabilidad civil contra jueces y magistrados y los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso.

¿En los juzgados, el uso de la lengua catalana es simbólico, y en los juzgados de paz?
Normalmente, las actuaciones que vienen de juzgados de Catalunya las tramitamos en catalán y las de fuera, en castellano, o si una persona nos pide un registro en castellano. Ahora, queremos reivindicar que la Justicia de Paz cumple el respeto a la lengua catalana, como lengua oficial y propia de Catalunya. Como dijo el Tribunal Constitucional: lengua oficial es la lengua propia de la Justicia en Catalunya y, por lo tanto, la lengua de uso normal de comunicación con la ciudadanía y la documentación que elabora.

Reivindicamos que la Justicia de Pau cumple el respeto a la lengua catalana como lengua oficial y propia de Catalunya

¿Cómo reivindica que se mantenga la figura del juez de paz?
Nuestro Estatut y la autonomía política a la cual tenemos derecho como pueblo tiene que ser respetada, y por eso pedimos, que el proyecto de ley de eficacia organizativa del servicio público de Justicia respete la Justicia de Paz de Catalunya establecida en el artículo 109 del Estatut. El Estatut es la formalización del derecho a la diferencia y tiene que ser respetado por las leyes del Estado. No se pueden dictar ignorando el hecho de que estamos en un estado compuesto con estatutos de autonomía que son asimétricos y, por lo tanto, con previsiones y voluntades diferentes. También estamos aquí para reclamar que la Justicia de Paz no quede como un rincón de los trastos, sino como un activo capaz de hacer un servicio a la ciudadanía, dando respuesta a muchos conflictos y problemas que en el estado actual de la justicia quedan huérfanos y eso es un mal servicio al país y a la democracia. Nosotros, como Asociación Catalana en Pro de la Justicia, estamos trabajando codo con codo con el gobierno de la Generalitat precisamente para que esta figura no desaparezca en Catalunya, donde está muy arraigada y ha funcionado. Somos la única asociación que queda al Estado. Catalunya tiene competencias sobre la justicia de proximidad, que no se ha desarrollado porque dice que se hará según la Ley orgánica del poder judicial y en su momento no cambió. El proyecto que tiene el Ministerio quiere dejar sin jueces de paz en todos los pueblos.

Reclamamos que la Justicia de Paz no quede como un rincón de los trastos, sino como un activo capaz de hacer un servicio a la ciudadanía

¿Qué nuevas competencias podrían asumir los jueces de paz?
Pues, los juicios de delitos leves, que antes eran las faltas. Reclamaciones de cantidades con un tope que fije el legislador de acuerdo con el momento, que ahora podria ser hasta 10.000 euros. Y divorcios consensuados en parejas que no haya hijos, hecho que sacaría trabajo a los juzgados. Las estadísticas hablan por sí solas: el grado de efectividad del trabajo hecho por los jueces de paz se ve en la estadística del Departament de Justicia. En el 2021, se realizaron 636.458 actuaciones, de las cuales 137.801 en el ámbito civil, 128.958 en el ámbito penal y 369.699 en el de Registro Civil. Ya se había intentado hace unos años, con el Libro Blanco de la Justicia que se dieran más competencias a los jueces de paz porque veían que se iban llenando los juzgados de primera instancia e instrucción. Después, con el Libro Verde de la Administración de Justicia en Catalunya se recogía esta vertiente de los jueces de paz.

¿Pero ahora se quiere eliminar esta figura?
No sabemos por qué ahora piensan diferente, aunque tenemos el apoyo de los colectivos y operadores jurídicos como graduados sociales, abogados, procuradores... porque saben el trabajo que hacemos y ven con buenos ojos la justicia de paz. Incluso darnos más competencias para, precisamente, aligerar el trabajo que tienen los juzgados, que con esta reforma que prevé el ministerio pasarían a llamarse Tribunales de Instancia.