Unas 1200 de las 12000 gasolineras que operan actualmente en España estaría incurriendo a fecha de hoy en prácticas fraudulentas y desleales para con su competencia con el fin de poder ofrecer carburantes más económicos a sus clientes. El dato lo ha facilitado esta semana Olvido Moraleda, presidenta de BP, durante su intervención en el IX Foro de Energía organizado por El Economista. Estas prácticas estarían vinculadas con el no cumplimiento por parte de los proveedores de estas gasolineras de la obligación de incorporar a su oferta biocombustibles. Con ello, se eludiría parte del pago del IVA, ya que los biocombustibles son más costosos.
Menor precio
Los biocombustibles, más caros que los combustibles convencionales, obligan también cuando se adquieren (por razón de su precio) a pagar más IVA. A juicio de BP, estos procederes generan una “distorsión en la competitividad” que deja en inferioridad de condiciones a las compañías que se ajustan a normativa. Hoy, más del 80% del importe que un consumidor paga por litro de carburante corresponde a impuestos y menos del 20% se vincula a los costes de producción y adquisición de materias primas. También es frecuente que determinados proveedores eludan los pagos obligatorios a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
¿Perjudica al consumidor?
Estas prácticas, a corto plazo, no perjudican al consumidor, que puede llenar el depósito a precios más bajos en un momento en el que los carburantes superan los 1,5 euros por litro. A medio y largo, destaca BP, sí puede hacerlo, porque la recaudación fiscal disminuye y, en consecuencia, el Gobierno intentará obtener esos recursos por otras vías. El volumen del fraude rondaría los 1000 millones de euros al año. BP no es la única petrolera que denuncia esta situación: Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa, califica el fraude en los carburantes como un tipo de "crimen organizado" que está infiltrándose “en un sector estratégico para España”. Josu Jon Imaz, de Repsol, califica el fraude de “masivo” e indica que con el IVA que el Estado no ingresa “podrían construirse diez hospitales al año”. En Italia, para evitar el fraude, el IVA de los carburantes se cobra a los operadores en el mismo momento en que el combustible sale de los depósitos para distribuirse en las estaciones de servicio.