La inflación y la subida de costes energéticos y de materias primas amenazan con impactar más que negativamente en la mayor campaña de consumo de todo el año, que no es otra que la de Navidad. En medio de esta tormenta casi perfecta, otro nubarrón acecha al consumo: el impuesto al plástico. La Federación de Industrias Agroalimentarias y Bebidas pide cuartel al gobierno.
Impacto de 700 millones de euros que, muy probablemente, reacerá en los contribuyentes
Que el llamado impuesto al plástico iba a activarse en enero de 2023 era algo ya sabido, pero lo inesperado es que, tras los últimos altibajos experimentados por la economía europea, España queda como el único país de la UE en el que los planes van a mantenerse y la tasa se implantará como estaba previsto. El impacto, calculan las empresas agrupadas en la Federación de Industrias Agroalimentarias y Bebidas (FIAB), rondará los 700 millones de euros y es más que probable que recaiga totalmente o en parte sobre los consumidores.
Cuarenta y cinco céntimos por cada kilo de plástico no reciclable
Junto a la citada Federación, una docena de organizaciones empresariales reclama desde hace meses al Gobierno una moratoria en la aplicación de una tasa que, sin duda, tendrá impacto en toda la cadena de producción. La FIAB exige un aplazamiento de un año para la entrada en vigor y cuantifica en 2.400 las empresas que podrían acabar cerrando y en 25.000 los puestos de trabjo que se perderían. De momento, el gobierno calla, pero lo más grave del caso no es que los empresarios se quejen: la Comisión Europea, por boca de su Comisario de Mercado Interior Thierry Breton ha propuesto a Sánchez y su Ejecutivo que eliminen los puntos “más ambiciosos” del Real Decreto de Envases, en el que se incluye el nuevo impuesto.