Mediante una inversión de 25,85 MEUR, la Generalitat ha adquirido 1.007 vehículos en la modalidad de arrendamiento sin opción de compra, 820 de los cuales son modelos de etiqueta ambiental de cero emisiones y 187, de combustión. Este es el resultado de la licitación para renovar la flota de vehículos del parque móvil público terrestre del Gobierno, que ha llevado a cabo la Comisión Central de Suministros, órgano de contratación de bienes y servicios comunes adscrito al Departamento de Economía y Hacienda. Así, el 81% de los nuevos vehículos adquiridos por la administración catalana son eléctricos e híbridos enchufables. Los nuevos vehículos, que incluyen motos, turismos, vehículos de carga y de transporte, todoterrenos y todocaminos, servirán para sustituir los contratados los años 2017 y 2018, a medida que finalice su vigencia, y para cubrir nuevas necesidades detectadas. Se irán incorporando gradualmente al parque móvil de la Generalitat entre los años 2024 y 2026. Los 187 vehículos de combustión adquiridos, explican desde la Generalitat, "están justificados por razones técnicas y operativas".

 

Empresas

Las empresas adjudicatarias son Alphabet España Management (Alphabet), Movilidad Urbana Sostenibles (Movus), Empresa Monforte (Monforte), Arval Service Lease (Arval) e Inquieto Moving Attitude (Inquieto), que han presentado ofertas, para 26 de los 29 lotes que salieron a licitación el mes de febrero. El descuento obtenido del importe de adjudicación (43 MEUR) en relación con el importe de licitación, de los 1.007 vehículos adjudicados, es de un 40%.

Diferentes departamentos

Los vehículos incorporados se destinan a renovar la flota de once departamentos de la Generalitat y de doce entidades del sector público. La iniciativa se enmarca en el Acuerdo de Gobierno del 3 de octubre, que aprobó el Plan de transformación progresiva del parque móvil público terrestre de la Generalitat hacia un modelo de cero emisiones el año 2027 y la ampliación y mejora de la red territorial de puntos de recarga públicos. Al fin y al cabo, apuntan desde la administración catalana, "responde al compromiso del Gobierno con las políticas de eficiencia energética y medioambientales derivadas del Pacto Verde Europeo (European Deal Green), para reducir las emisiones del sector del transporte"