La Ley de Cadena Alimentaria se aprobó en 2013 y fue modificada a finales de 2021 con un objetivo: garantizar unas relaciones más justas entre distribuidoras, productores e intermediarios para favorecer una agricultura más sostenible en términos económicos y garantizar mejor un adecuado suministro de alimentos frescos y de calidad para toda la población; pero hoy, un año después de su última reforma, no está funcionando como debiera, indican algunos de las principales organizaciones agrarias del país. Así, y por ello, agentes clave del sector solicitan cambios como, por ejemplo, un mayor número de inspectores que comprueben los precios en origen.
Desde Asaja
Una de las organizaciones que más hincapié hace en estas peticiones es Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), que ha formulad diferentes peticiones durante estos últimos días de diciembre. Así, su presidente nacional, Pedro Barato, exige que, para hacer valer de forma eficaz la normativa, “haya una mayor presencia de inspectores” que se dediquen, principalmente, a garantizar que los agricultores reciben un pago justo por sus productos.
Costes de producción
La petición se realiza dentro de un contexto complejo en el que el sector agrario está soportando diferentes sobrecostes derivados del aumento de precio de los piensos, el transporte y la energía que, de momento, no suponen un incremento equivalente de la cantidad que reciben los productores. Todo ello, además, pasa al mismo tiempo que la cesta de la compra sube en porcentajes de en torno al 15% y determinados productos básicos como el aceite, el azúcar o las harinas se comercializan a precios notablemente superiores a los que se pagaban hace un año sin que eso esté suponiendo mejoras en la renta agraria. Si los agricultores no reciben más por su trabajo ¿quién está haciendo su particular agosto?