Aunque todo el mundo esté convencido de ello, lo cierto es que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios actualmente vigente no fija ningún plazo de retirada obligatoria para las calderas de carbón existentes, aunque sí prohíbe instalar calderas nuevas alimentadas con ese combustible. Así, y aunque en ciudades como Madrid está prohibido su uso desde enero de este año mediante una legislación específica, el Reglamento sí que fija, sin embargo, la obligatoriedad de superar inspecciones periódicas de seguridad y eficiencia que los modelos instalados, antiguos en su mayoría, no son capaces de superar. Esta obligatoriedad,y la creciente dificultad para encontrar carbón para uso doméstico ponen en jaque a unas instalaciones que muchos vecinos, especialmente en zonas de tradición minera como León, querrían conservar porque son eficientes y económicas.
Contexto de incertidumbre
La subida de los precios del pellet, más de un 25% en lo que va de año, hace que muchas comunidades de vecinos y particulares se pregunten si sustituir sus calderas de carbón por otras de biomasa es una decisión inteligente. El cambio por una caldera de gas da todavía más miedo, ya que nadie sabe hasta dónde puede subir este combustible, y las calderas de gasóleo se descartan también, tanto por el precio como por el escaso futuro (comparable con el que tienen las de carbón) que se les vaticina. Quien quiera para su comunidad de vecinos o su vivienda una caldera de combustión se enfrenta así a un galimatías notable.
Resistencia
Con todo, la coyuntura inflacionista y el la incertidumbre que rodea al precio de cualquier combustible está retrasando incluso la renovación de calderas de carbón obsoletas que, tras no superar las inspecciones obligatorias, deben retirarse. El problema se traslada así a los ayuntamientos, que se encuentran con la difícil papeleta de exigir a los propietarios inversiones costosas antes de un invierno que se presenta difícil para todos. En Léon, se estimaba que existían en 2021 unas 3.000 y en las principales ciudades asturianas la situación puede ser similar. Quienes han cambiado ya la biomasa, se lamentan por los precios crecientes y los que todavía mantienen el carbón tampoco lo tienen mucho mejor: si no han superado las últimas revisiones, se enfrentan a cuantiosas multas (más de 20.000 euros por instalación en Madrid) y, si lo han hecho, tendrán que emplear leña o mineral que tendrán que comprar a precios poco asequibles. Con todo, no parece el mejor momento para hacer inversiones, dada la incertidumbre y, por eso, muchas comunidades de vecinos, especialmente en los centros históricos de las capitales de la Cornisa Cantábrica o Castilla y León, exigen ya una moratoria que dure, por lo menos, este invierno. El año pasado, Apinfocal, la asociación de los instaladores de calefacción leoneses, adelantaba que muchos propietarios habían vuelto a utilizar antiguas calderas de carbón por culpa de la pobreza energética y, seguramente, este año pase lo mismo.