¿Podría implicar un cambio de signo político en el Gobierno después del 23-J una revisión del plan de cierre decretado para las nucleares españolas? Si hemos de hacer caso de lo que se indica en el documento que PP y Vox han rubricado después de haber alcanzado un acuerdo de gobierno en Extremadura, podría ocurrir.
Punto 23
El acuerdo rubricado, de sesenta puntos, indica (literalmente) en su punto 23 que el nuevo gobierno extremeño protegerá “los activos energéticos e industriales amenazados por motivos ideológicos”. Entre las medidas que se tomarán, explican también, figura paralizar “por todos los medios posibles la demolición de la Presa de Valdecaballeros” y exigir “que se rectifique el plan de desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz”. Este complejo nuclear tiene fecha de cierre prevista para 2027. Dado que se tratade una cuestión que compete al Gobierno Central, lo único que podrá hacer el Gobierno de Extremadura es posicionarse al respecto, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Almaraz, con más de 1.000 personas trabajando de manera diaria en el complejo, es uno de los mayores empleadores extremeños.
¿Objeto de debate?
Con todo, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno ha sido claro ya al respecto: “será una política de mi Gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares”. Lo indicó a principios de la semana pasada. El candidato se alinea así con las tesis de la UE, que considera que la energía nuclear es sostenible o con lo que se está haciendo en Francia, Japón o Estados Unidos, aunque no con lo que se hace en Alemania. Sea como fuere, el debate nuclear será protagonista durante la campaña electoral que arranca en pocos días. En el PSOE, son claros sobre el asunto: Teresa Ribera ni siquiera considera que el hidrógeno que se produce con energía eléctrica de origen nuclear pueda considerarse verde. Hace bien poco, Felipe y Aznar indicaban que la política energética debía ser objeto de consenso.