Si un cambio de Gobierno a medio plazo –o uno de opinión a corto, que sorpresas más grandes nos ha dado el actual Ejecutivo- no lo remedia, España no va a contar finalmente con el Almacen Temporal Centralizado de Residuos Nucleares que se decidió en 2011 que se construiría en Villar de Cañas (Cuenca) y cuyo permiso de construcción paralizó Pedro Sánchez en 2018, al poco de llegar a la Moncloa. De momento, la solución que se propone es que cada una de las centrales nucleares que quedan en España almacene sus propios residuos en espera de que, en una fecha por concretar, se construya lo que los expertos denominan un Almacén Geológico Profundo (AGP), una instalación de la que se empezó a hablar a finales de los 80 y que debería complementar al ATC, donde los residuos estarían sólo durante una primera fase que duraría entre 60 y 100 años. Ahora, desde el Ejecutivo, se pretende agilizar la construcción del AGP, que no tiene ni siquiera emplazamiento elegido pero que, en el mejor de los casos, no estaría listo hasta 2073.
Según algunos expertos en materia nuclear, existen razones que permiten considerar una mala idea la decisión tomada aunque, como todo en la vida, es cuestión de opiniones y, por eso, hoy resumimos las razones que permiten cuestionar que se descarte el ATC y, también explicamos por qué el Gobierno defiende lo contrario. En Europa, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Suecia y Suiza disponen o dispondrán de instalaciones similares al ATC.
A favor
Construir un ATC permite, de entrada, agilizar el desmantelamiento ya decidido de las nucleares, pues los terrenos de las mismas no tendrán que acoger residuos y podrán ser utilizados para cualquier uso sin que haya que proceder a descontaminaciones y limpiezas. Al tiempo, se genera un ahorro, pues concentrar los residuos en un solo emplazamiento hace que sean necesarios menos recursos para gestionarlos y custodiarlos y, por último, se dota al país de una infraestructura puntera que funcionará como centro tecnológico y que, bien gestionada, podría convertir España en un país líder en la gestión eficiente de residuos nucleares.
En contra
La construcción de un ATC obliga a movilizar cuantiosos recursos (se habla de más de 1.000 millones de euros, de los que 300 ya se habrían invertido) para desarrollar una solución temporal y cumplir una función que se da por hecho puede atenderse con tantos almacenes temporales como centrales nucleares quedan en funcionamiento. Procedidendo así, se evita el trasiego de residuos peligrosos por el territorio y, también, se evita el conflicto con organizaciones ecologistas y con el Gobierno de Castilla La Mancha, cuyo presidente no quiere la instalación y que, estos días, aseguraba que si el ATC no se construye, la región atraería más de treinta proyectos de “energía renovable” presupuestados en 800 millones de euros y capaces de crear “hasta 8.000 empleos”, ha dicho García Page. En Villar de Cañas, mientras, exigen que el ATC no se olvide, pero hay otro dato importante: sin un ATC, y con la UE considerando sostenible la energía nuclear, se obstaculiza (recordemos que también se están bloqueando los proyectos mineros de extracción de uranio) cualquier decisión futura que pueda tomarse en favor de mantener o reactivar la producción de electricidad mediante fisión nuclear en España. De momento, todas las nucleares deben cerrar antes de 2035.