El cifrado de extremo a extremo se ha convertido ya en un sine qua non para todas las plataformas de mensajería instantánea. Los usuarios, que consideran así protegidas sus conversaciones por comprometidas que sean, acogieron con satisfacción su generalización hace unos años, pero pocos fueron quienes se preguntaron por qué, de repente y sin contrapartida alguna, todos los operadores de sistemas de mensajería instantánea ofrecían esta garantía de confidencialidad. ¿Ganaban algo con ello? Sí: conseguían no tener que preocuparse por la posibilidad de que alguna de las conversaciones desarrolladas en las plataformas se vinculase a la comisión de algún tipo de delito. Con el cifrado, para las compañías resultaba del todo imposible monitorizar conversaciones para detectar cualquier infracción.
Europol
Sobre este particular acaba de manifestarse Europol que, mediante un comunicado conjunto suscrito por diferentes de sus miembros, solicita a los gestores de estas plataformas que “tomen medidas” para “garantizar la seguridad pública” en ellas. El cifrado de extremo a extremo no sólo impide a las compañías ejercer controles sobre lo que sucede en sus plataformas, sino que complica extraordinariamente la labor policial a la hora de obtener evidencias en sus investigaciones que puedan utilizarse para luchar contra delitos de cualquier tipo.
Este mismo mes
La declaración data, en concreto, de este 18 de abril y sigue a una reunión que los miembros de Europol celebraron en Londres. Catherine de Bolle, la directora ejecutiva de Europol, así resumía las demandas de la organización que lidera: "Nuestros hogares se están volviendo más peligrosos que nuestras calles a medida que el crimen avanza online. Para mantener a salvo a nuestra sociedad y a nuestras personas, necesitamos que este entorno digital también sea seguro. Las empresas de tecnología tienen la responsabilidad social de desarrollar un entorno más seguro donde las fuerzas del orden y la justicia puedan hacer su trabajo. Si la policía pierde la capacidad de recopilar pruebas, nuestra sociedad no podrá proteger a las personas para que no se conviertan en víctimas del delito". La polémica está servida y la dicotomía es la habitual: vuelven a obligar al ciudadano a escoger entre libertad o seguridad. ¿Realmente es necesario hacerlo?