Se llama Tasa Enresa y es el impuesto que las gestoras de las centrales nucleares en explotación deben abonar a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a cambio, explican desde el Gobierno, por los servicios que ésta “presta en sus infraestructuras”. Desde este mes, queda fijada en 10,36 euros/megavatio/hora y, con ella, se pretende desde el Ejecutivo “equilibrar los ingresos y los costes soportados por esta prestación”.
¿Quién contamina paga?
Según el Ministerio de Transición Ecológica, la actualización se aplica activando “el principio de que quien contamina paga” y permitirá que el Estado cubra los costes del desmantelamiento de las nucleares, que deberá asumir Enresa, la empresa gestora de los residuos. En realidad, implica que, además de obligar a las empresas eléctricas a cerrar sus infraestructuras nucleares, quiere hacerles pagar por ello. Con ello se consigue que el erario público no cargue con estos costes, pero a nadie se le escapa que las eléctricas (obligadas a cerrar unas instalaciones ya amortizadas que sólo producen beneficios) la trasladará a los consumidores. ¿Cómo? A través del recibo, muy probablemente.
Hasta el 2100
Y es que los trabajos de desmantelamiento de las centrales nucleares se prolongará, explican desde el Gobierno, hasta el año 2100, momento en el que se habrán eliminado las estructuras y almacenado de manera definitiva el combustible gastado en un almacén que todavía está pendiente de construirse. En España, el Estado realiza los desmantelamientos y la gestión de los residuos radiactivos como un servicio público esencial a través de la empresa pública Enresa. En países con energía nuclear, los titulares de las centrales deben dotar las correspondientes provisiones para hacerse cargo de todos los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos, que son costes operativos ordinarios de las centrales, según se explica desde el Ministerio.