Iberdrola, la compañía eléctrica española, se ha convertido este mes en la primera empresa de su sector en presentar su Plan de Transición Climática ante las Naciones Unidas. En dicho documento, la empresa se compromete a alcanzar antes de 2040 las cero emisiones netas. Sobre las consecuencias de sus planes en las comarcas mineras, eso sí, poco o nada ha dicho ante dicha prestigiosa organización.
Neutralidad de emisiones
Para lograrlo, la eléctrica pretende que sus centrales de generación, su actividad de distribución y los consumos propios de sus instalaciones sean iguales a cero de aquí a siete años (2030) y, a continuación, alcanzar en 2040 las emisiones cero en toda su cadena de valor. Redes inteligentes, sistemas de producción de energía 100% renovables y soluciones climáticas para los consumidores forman parte de un esquema de acción que, explica Iberdrola –y así lo han defendido ante Naciones Unidas- “se fundamenta en la transición justa positiva para las personas y positiva para la naturaleza” y en una “arquitectura de alianzas, colaboraciones y contribuciones en materia de participación pública a nivel local, regional y global alineada con un enfoque ambicioso en acción climática”.
Quien así lo indica es Gonzalo Saénz de Miera, el director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola. Según él mismo señala: “la presentación de este Plan ante la ONU, ratifica el trabajo que desde hace años viene haciendo Iberdrola, con una apuesta clara por la aceleración de la descarbonización y la implementación de energías renovables que nos ayuden a luchar contra el calentamiento global de forma positiva para las personas y la naturaleza. Estamos en la mejor posición para trabajar junto a la ONU y en alianzas con terceros y dar ejemplo al resto del mundo”.
¿Transición justa?
Los compromisos que Iberdrola ha explicitado ante la ONU suponen otro paso adelante más en la senda que en España ha implicado el cierre de las dos centrales térmicas de carbón con las que la compañía contaba en nuestro territorio. Las dos últimas en cerrar han sido las de Lada (Langreo, Asturias) y Velilla-Guardo, en Palencia en 2020.
Desde entonces, y pese a las inversiones en, explica Iberdrola, en “dinamización del tejido industrial, economía circular y movilidad sostenible” y formación de los habitantes de las áreas afectadas, el descenso de población en la ciudad de Langreo y en la comarca de Guardo, consecuencia del desmantelamiento de los dos complejos minero-industriales que funcionaban en la zona, no sólo no se ha detenido, sino que se ha acentuado: los 7.000 vecinos que tenía Guardo y su comarca en 2020 son hoy poco más de 5.000, después de haber sido hasta 15.000 hace 20 años -cuando la térmica funcionaba a pleno rendimiento- y los 40.000 del Langreo de 2020 son ahora menos de 38.000. En el año 2000, la ciudad rondaba los 50.000 vecinos.
Es cierto que ambas eran ya zonas en declive, pero el cierre de las térmicas sólo ha servido para acentuar el desastre sin que el compromiso que Iberdrola reitera tener con esas zonas haya servido de mucho. La impresión en ambas áreas es, más bien, de completo abandono, pero eso no se cuenta ante Naciones Unidas igual que, tampoco, se cuenta que Iberdrola misma -Ignacio Sánchez Galán, de hecho- abogaba en 2021 por derribar las térmicas para que "nunca puedan volver a usarse" a pesar de los proyectos museísticos, culturales y de ocio que en ambas zonas -y en otras que han vivido episodios similares protagonizados por empresas como Endesa- se planteaban como alternativas a partir de ideas de las poblaciones víctimas de las consecuencias del desmantelamiento. La revolución verde, más a menudo de lo que parece, está dejando en las comarcas mineras montones de cascotes y un futuro más negro incluso que el del honesto y hoy vilipendiado carbón que las dio vida durante siglo y medio.