Las restricciones en el uso del plástico preocupan a muchos sectores, que han anunciado que la normativa que entrará en vigor este próximo 1 de enero en España y que contempla una tasa de 45 euros por cada tonelada de plástico que no se recicle y que pagarán las empresas que lo utilicen supondrá incrementos de precios para los consumidores. Dichos incrementos podrían llegar a rozar el 7% en determinados casos y dos de los sectores más perjudicados son el de la carne y el de la fruta, que tienen muy difícil utilizar materiales alternativos.
Dificultades
En el sector cárnico, y así lo indican diferentes productores, eliminar el plástico complementamente es imposible, ya que se comprometería la seguridad alimentaria. El papel y el cartón, por ejemplo, son materiales excesivamente permeables, lo que complica la conservación de los productos. Los plásticos biodegradables son, además, demasiado caros actualmente como para utilizarlos y mantener precios en un sector que se ha visto muy perjudicado por las subidas de la luz, el gas, los carburantes y los piensos. ¿Qué sucederá? Pues, seguramente, habrá repercusiones en los precios de venta al público. Utilizar vidrio o metal, que sí que garantizan la seguridad alimentaria, son muchísimo más caros que los plásticos biodegradables. Sea como fuere, el precio de alimentos como los loncheados de embutido o las hamburguesas puede llegar a subir un 10%.
La fruta
Otro sector en jaque es el de la fruta, especialmente si se trata de empresas que trabajan con pequeños frutos como las fresas, los arándanos o las moras que se dañan en envases de madera o empapan fácilmente los de papel y cartón. En esos casos, tampoco es viable el uso de papel ni el de plásticos reciclados, ya que no se ha podido comprobar científicamente que garanticen la seguridad alimentaria. Unos y otros recuerdan que el impuesto que entrará en vigor en enero es algo que ha decidido el Gobierno, ya que la UE se limitó a trasladar sólo recomendaciones. De hecho, hasta Thierry Breton, comisario de Mercado Interno, considera que estamos ante una legislación demasiado estricta.