Las instalaciones industriales, por más valor etnográfico e histórico que se considere tienen, son muy difíciles de proteger si no media algún tipo de reconocimiento administrativo que certifique su valor y obligue a sus propietarios a conservarlas. Durante los últimos meses, las antiguas térmicas que llenaban las cuencas mineras han ido cayendo una tras otra víctimas de la desidia de unos y del afán de otros por convertir la revolución verde en un camino sin posible marcha atrás. Al tiempo, otras instalaciones industriales menos vistosas y más desconocidas caían también o eran amenazadas por la picota. En Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y gracias a uno de estos reconocimientos, se salvó casi por la campana el Pozo María, la última mina subterránea que funcionó en la zona, pero en Lleida ha habido la misma suerte aciaga que en el Valle de Gordón, donde se han derribado tres de los cuatro castilletes mineros que quedaban: En la capital de la Catalunya interior; primero, Renfe derribó el edificio de viajeros –que nunca llegó a funcionar como tal- de la estación del Pla de Vilanoveta, construida en los años veinte como parte del ferrocarril Baeza-Saint Girons y, hace pocos meses, el propio Ayuntamiento de la ciudad derribaba el complejo de silos de cereal del antiguo SENPA. Ahora, lo que cae, es la antigua maltería (primera de su tipo en España) que la cervecera San Miguel mantenía en la ciudad.

 

Original de 1957

El edificio, y así lo explicaba esta semana el rotativo leridano La Mañana, era un edificio de ladrillo caravista que lucía el logotipo de la cervecera en su fachada. Servía para producir malta de cebada y, en su día, fue la más moderna de Europa. En Catalunya, era un edificio único y mientas funcionó –cerró en 1992- suministraba malta a las fábricas de Lleida, Málaga y Burgos. Ahora, la malta que usa San Miguel llega desde Navarra.

 

Sin protección

El edificio no contaba, al igual que el edificio de viajeros del Pla de Vilanoveta o los castilletes de la Hullera Vasco Leonesa en el Valle de Gordón, con ningún tipo de protección y, por ello, Mahou San Miguel ha podido proceder al derribo sin mayor problema. Por lo visto, pretenden construir en la zona nuevos almacenes. Es legal, por supuesto, pero queda la duda de si es o no decente. De todos modos, en un país en el que el propio Gobierno promueve –con el supuesto objetivo de mejorar el paisaje- la destrucción de paisajes geomineros de valor ¿qué se puede esperar? Algún día, quizá, alguien empezará a entender que, además de lo que parece bonito a primera vista, hay otras muchas cosas que también tienen valor.