Algunos jóvenes, y no tan jóvenes, ponen en riesgo su intimidad cuando envían mensajes, fotos o vídeos de carácter sexual a otra persona por privado. El llamado sexting es un fenómeno extendido gracias a las posibilidades de comunicación que brindan aplicaciones como WhatsApp o Snapchat. Lo practican algunas parejas para reforzar su atracción sexual y lo hacen también conocidos que se animan a conocerse más a fondo. Nada hace presagiar un desgraciado desenlace en un ambiente de confianza y privacidad. No obstante, se han dado casos en los que el receptor decide difundir esos contenidos, produciendo un profundo daño moral y psicológico a la víctima. Se trata de la venganza porno.
Cuando las parejas se rompen o los conocidos ya no desean seguir conociéndose más, puede ocurrir que esa persona que inspiraba confianza se convierta en el peor de los verdugos. La venganza porno no es nueva, existe desde que la tecnología permite fotografiar o grabar, con todas sus consecuencias. La novedad está en la rapidez con la que se puede difundir hoy en día en redes sociales e Internet cualquiera de estos contenidos. Sin duda, un factor importantísimo que provoca el riesgo de que estos se hagan virales en poco tiempo y terminen en la galería de imágenes del móvil de cualquier persona, especialmente de menores.
Según un estudio de la BBC, más de 1.000 personas denunciaron haber sido víctimas de esta clase de abusos durante el pasado año en Inglaterra. La media de edad de estas personas era de 25 años y las redes sociales más utilizadas para el intercambio de estos contenidos sexuales fueron Facebook, Instagram y Snapchat. El informe oficial de la Fiscalía inglesa deja claro que la mayoría de los casos afectaron a mujeres, siendo víctimas de la difusión sin su consentimiento de imágenes o vídeos sexuales en los que aparecían. Entre dichas víctimas se encontraban menores de hasta 11 años.
Más de 1.000 personas denunciaron haber sido víctimas de esta clase de abusos durante el pasado año en Inglaterra
Un total de 206 personas fueron procesadas en el país británico por este motivo hasta finales de marzo de este año. Apenas once meses antes se tipificó allí como delito tras la lucha de activistas y víctimas de estos abusos. La condena máxima para los ejecutores de este tipo de actos alcanza ahora mismo los dos años de cárcel. Según la directora del departamento de Procesamientos Públicos de la Fiscalía inglesa, Alison Saunders, “hoy en día es más fácil procesar y condenar” a los delincuentes que utilizan esta clase de tecnologías, lo que ayuda a aumentar el número de denuncias. Y es que, señalan las organizaciones contra la violencia de género, la mayoría de las víctimas de venganza porno no se atreven a denunciar a la policía.
En España este tipo de delito también conlleva penas de cárcel. El Código Penal dictamina “de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales […], cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.
El reciente caso de suicidio en Italia
Tiziana Cantone, de 31 años, se quitó la vida el pasado mes después de ser víctima de un caso de venganza porno polémico en su país. Su ex pareja publicó en internet varios vídeos en los que aparecía ella practicando sexo, hecho que la convirtió en foco de burla por un sector de la sociedad italiana. No bastó con que ella perdiera su trabajo y decidiera abandonar su ciudad de residencia, Nápoles, para dejar atrás el calvario psicológico por el que estaba pasando.
La sentencia de la Justicia italiana llegó a ordenar suprimir los vídeos y los comentarios de los usuarios en las webs donde el contenido había sido difundido. No obstante, en ese mismo fallo se instó a Cantone a pagar 20.000 euros de costas procesales a cinco de estas páginas web, por considerar que la joven había consentido haber sido grabada en el momento en que fueron realizadas las filmaciones. Finalmente, Cantone fue hallada muerta en el sótano de su casa tras haberse ahorcado, según los medios locales. Ahora la Justicia italiana ha abierto una investigación para saber si pudo haber inducción al suicidio.