Desde esta primavera, los pilotos de drones disponen de una herramienta para defender sus intereses: la Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD). Su presidente es Alejandro Gómez Hernández y la entidad nace como "una asociación independiente de empresas e intereses privados y sin ánimo de lucro”, que “en pocos meses desde su lanzamiento”, explican sus promotores, “da voz ya a miles de pilotos y operadores de drones recreativos y profesionales".
Restricciones fundamentadas
La ANPD nace ya con una amplia lista de propuestas en la que destaca una: eliminar toda restricción y prohibición que no pueda ser justificada mediante estudios, pruebas, estadísticas y evaluaciones de riesgo bien formuladas. Además, quieren hacer hincapié “en la difusión del entusiasmo por este hobby o por las profesiones derivadas de los UAS”. Ellos mismos lo explican: "Creemos que es necesario un entorno con menos reglas y más sencillas de entender, como ya han hecho otros países vecinos donde el sector se desarrolla sin tantas limitaciones en un entorno tan seguro o más que el nuestro. Disponen de una web propia. El sector del dron vive una etapa de crecimiento y diversificación, ya que los usos de estos dispositivos crecen mes tras mes. A los ya habituales usos agroindustriales, se les suman ahora usos sanitarios y se mantiene, por supuesto, los de vigilancia.
Objetivos
El objetivo de la entidad es, apuntan sus responsables, “dialogar con las instituciones, como partes implicadas y como expertos en el campo, para ayudar a obtener una legislación sobre drones que sea justa, justificada y proporcional para que el sector de los sistemas aéreos no tripulados (UAS) en España pueda realmente despegar y desarrollar todo su potencial. Su presidente lo detalla: "Actualmente los drones civiles cuentan con el impresionante récord de haber causado cero víctimas mortales en todo el mundo desde que se concibieron, lo que los convierte en, los vehículos más seguros. Sin embargo, en España, distintos sectores influyentes se han encargado de que los ciudadanos los perciban como una gran amenaza lo cual, indudablemente, ha influido en el desarrollo de una legislación muy restrictiva y desproporcionada con respecto a vehículos mucho más grandes, pesados y peligrosos y de un marco sancionador desmedido, basado en las aeronaves tripuladas. Estamos convencidos de que las reglas son necesarias para la seguridad de todos, pero éstas deben ser acordes con los riesgos reales y deben contemplar la especificidad de los drones con respecto a las otras aeronaves ante las que nos equiparan", concluyen.