La Ley de Ciberresiliencia europea establece un marco regulador para todos los productos que incluyen componentes digitales, abarcando desde dispositivos IoT hasta software de gestión empresarial. Su objetivo es garantizar que estos productos se diseñen con medidas de seguridad integradas desde su concepción, bajo el principio de "seguridad por diseño".
Entre los cambios más relevantes que introduce la normativa se encuentran:
1.Obligaciones para los fabricantes: Estos deberán garantizar que sus productos cumplan con requisitos específicos de seguridad antes de salir al mercado. Esto incluye actualizaciones continuas para mitigar nuevas vulnerabilidades.
2.Mayor responsabilidad para las empresas: La ley establece que los fabricantes serán responsables de los daños derivados de fallos de seguridad, incentivando la mejora constante de sus sistemas.
3.Transparencia hacia los consumidores: Los usuarios tendrán acceso a información detallada sobre las medidas de seguridad implementadas en los productos que adquieren.
4.Evaluaciones y certificaciones: Será obligatorio someter los productos a auditorías y certificaciones que demuestren su ciberresiliencia.
Estos requisitos obligarán a las empresas españolas a adaptar sus procesos y productos, lo que representa un desafío importante para el sector tecnológico, pero también una oportunidad para mejorar la competitividad en el mercado global.
Desafíos y el estado actual de la ciberseguridad europea
Según Tom Savage, especialista en ciberseguridad y regulaciones tecnológicas, Europa se encuentra en un momento crucial para construir un entorno digital más robusto. Si bien se han hecho avances importantes, aún existen brechas significativas en la preparación de empresas y administraciones públicas para enfrentar ciberamenazas complejas.
Al exigir estrictas medidas de ciberseguridad, concluye Savage, “garantiza que los productos comercializados en la UE sean más seguros y resilientes, lo que se traduce en menos vulnerabilidades y una reducción de riesgos tanto para las empresas como para sus clientes”.
Aunque la ley ya está en vigor, los fabricantes tienen hasta 2027 para adaptar sus productos a los nuevos requisitos. Este periodo de adaptación permitirá a las empresas prepararse para el cambio y garantizar que los productos que lleguen al mercado cumplan con los más altos estándares de seguridad.
Los desafíos más inmediatos incluyen:
1.Adopción de la normativa: Las empresas tendrán que invertir recursos en adaptarse a los nuevos requisitos legales, lo que puede ser especialmente complicado para las pymes con menos capacidad económica.
2.Concienciación del usuario final: Aunque la ley beneficia a los consumidores, también requiere que estos sean más conscientes de su papel en la seguridad digital, como mantener dispositivos actualizados.
3.Cooperación internacional: La ciberseguridad es un esfuerzo global. Europa debe trabajar en conjunto con otras regiones para enfrentar amenazas que no respetan fronteras.
Con esta ley, España tendrá que equilibrar la implementación de las obligaciones con la promoción de la innovación tecnológica, garantizando que el entorno digital sea seguro sin frenar el desarrollo de nuevas tecnologías.
Disponibilidad y perspectivas futuras
La Ley de Ciberresiliencia entrará en vigor en los próximos meses, tras un período de adaptación para las empresas. En España, se espera que las primeras medidas de cumplimiento comiencen a aplicarse a lo largo de 2025.