La Ley de cambio climático aprobada en 2021 tenía tres objetivos principales: reducir, para 2030 y en relación a 1990, en un mínimo de un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar que para ese mismo año un 74% de la energía generada en nuestro país procediera de fuentes renovables y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%, Si se alcanzan o no esas cifras, el tiempo lo dirá, pero aquella Ley tuvo también otras consecuencias y una de ellas fue liquidar la antaño prometedora minería española del uranio.
¿Cuándo se explotó el uranio nacional?
Las primeras prospecciones en busca de uranio en España datan de principios del siglo XX, pero no fue hasta los años 50 que se explotaron yacimientos industrialmente. Durante los años de la Dictadura, el sector del uranio fue considerado estratégico, ya que se planeaba que las centrales nucleares construidas y planificadas pudieran abastecerse con mineral español.
Las minas más importantes se situaron en Salamanca (Saelices el Chico) y Badajoz (La Haba) y, gracias a ellas, España llegó a ser durante los años ochenta el segundo productor europeo de uranio. En total, y entre las dos minas citadas, se llegaron a extraer 5.236 toneladas, suficiente para cubrir el 25% de las necesidades de combustible de las centrales españolas. La mina salmantina, abierta en 1957 y cerrada en el año 2000, producía más de 200 toneladas anuales y la de La Haba, que funcionó entre 1966 y 1990, unas 30. En Cardeña, Córdoba y en las cercanías de Andújar, Jaén, funcionaron también minas de menor envergadura. Para gestionar todo este entramado industrial se creó hasta una empresa pública, Enusa: la Empresa Nacional del Uranio Sociedad Anónima, rebautizada hoy como Enusa Industrias Avanzadas y reconvertida en algo similar a una central de compras que adquiere el uranio que necesitan las centrales térmicas españolas que, en principio, deben desaparecer antes de 2035. También, claro, se dedica a rehabilitar los antiguos yacimientos ahora que están cerrados.
Otros yacimientos
En paralelo a la explotación de esas dos minas, se sucedieron los sondeos, que incluyeron trabajos en la cuenca carbonífera catalana de Calaf, y se desarrolló una importante tecnología asociada al uranio, ya que el mineral que se extraía debía concentrarse. Para ello, se inauguró una planta de concentrado en Andújar y otra planta de tratamiento en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Esta última, bautizada como Quercus, produjo hasta su cierre, en 2002, unas 5.800 toneladas de uranio y, como la de Andújar, la gestionó Enusa. La última mina en cerrarse fue, precisamente, la salmantina de Saelices el Chico, en la que los costes de explotación eran un 30% superiores a los precios de mercado del uranio.
Sin embargo, el incremento de precios registrado pocos años después volvió a hacer que diferentes empresas multinacionales se interesasen por los yacimientos españoles. Así, la australiana Berkeley planteó; en 2012 y también en Salamanca, pero ahora en la localidad de Retortillo; una nueva mina a cielo abierto y una moderna planta de concentrado; pero el proyecto no se concretó: la Ley de Cambio Climático de 2021 era clara en su redactado e indicaba, literalmente, que no se concederían "nuevos permisos de exploración, de investigación o concesiones de explotación de minerales radiactivos" debido "a sus perjuicios y a su coste". Hoy, España depende del depende del uranio ruso en casi un 40%. También consume un 22,3% procedente de Canadá, un 19,5% de Níger, un 11% de Kazajistán y, en menor medida, de Namibia y Uzbekistán. La australiana Berkeley, tras haber obtenido más de 120 licencias favorables, tuvo que plegar velas en noviembre tras no recibir de parte del Gobierno la autorización definitiva. Aunque hay quien lo celebra –ecologistas y algunos vecinos de la zona preocupados por el impacto ambiental del proyecto- el uranio sigue allí, esperando a que alguien decida un día explotarlo. El tiempo dirá, pero de momento, la empresa sigue pidiendo al Gobierno que reconsidere su postura.