La norma contra el spam telefónico sirve poco o nada contra dicha práctica. Aún y con las limitaciones legislativas de por medio –vigentes desde junio pasado-  ahí siguen las llamadas spam, vinculadas, especialmente a servicios básicos como el suministro de gas y electricidad o las telecomunicaciones.

 

¿Por qué no desaparecen?

No lo hacen porque, aunque existan una regulación clara -y reciente- para ponerles coto, las mismas operadoras de telefonía, las empresas de seguros y las empresas de energía incumplen de manera reiterada la norma que dicen defender. La Ley General de Telecomunicaciones, cuya última reforma entró en vigor en junio pasado, es, sin duda, la norma que menos se respeta. Se suponía, y así se vendió desde el Gobierno, que iba a poner fin a las llamadas comerciales indeseadas, pero no ha sido así. Con todo, existen estrategias para combatirlas.

Usa tu móvil con cabeza

Es, sin duda, la manera más eficaz. Una vez identificados los números desde los que se te llama, bloquéalos. A menudo, las empresas de marketing telefónico emplean diversos números, por lo que es difícil bloquearlos todos. Por eso, lo mejor es activar la utilidad de Detección de llamadas y spam que incorporan los móviles más modernos. Cuando te llegue una llamada de este tipo, límitate a no contestar y bloquéala. Desde la OCU, se aconseja también prestar atención a las opciones que se activan al rellenar formularios. En el caso de que nada de esto sirva, exige a quien te llame que se identifique y te explique cuándo autorizaste ese tipo de llamadas. Si no saben decírtelo, puedes denunciar.

Acoso telefónico

Este acoso, porque no es otra cosa, se puede combatir de diferentes maneras. La primera, que no suele funcionar, es apuntarse a la Lista Robinson, que bloquea teóricamente la posibilidad de que empresas con las que no has tenido relación comercial contacten contigo para ofrecerte sus servicios o productos. La realidad es que, como casi toda la población ha mantenido algún tipo de relación comercial con las empresas que emplean el marketing telefónico y alguna vez les ha facilitado sus datos, inscribirse en esas listas sirve de poco. Sin embargo, no está de más. ¿Podremos acabar con ellas 2024? Difícil.

Una de las más habituales en eso meses tiene que ver con el suministro de energía. Desde teléfonos como, por ejemplo, el 684462866, una supuesta asesoría energética que no se identifica ni con NIF ni con razón social si se pregunta, llama a deshoras para informar de una teórica incidencia en la factura que, según el relato de los operadores, deriva de la provincia de emisión de la factura que abona el consumidor con el que se contacta. Plantean que, al no emitirse desde la provincia de residencia del consumidor, el consumo se ve gravado con un recargo del 20% o más. Al preguntárseles en qué consiste ese recargo y quien lo impone y detallárseles que en España las facturas se emiten no desde la provincia donde reside quien adquiere el bien o servicio y sí desde donde la empresa que lo presta o lo vende tiene su domicilio fiscal, cuelgan directamente. ¿Qué objetivo tienen? Obtener datos bancarios del consumidor con el que contactan o, mejor dicho, validarlos, ya que detallan nombre, apellidos, dirección y hasta entidad bancaria con la que trabaja la persona a quien se dirigen. ¿Cómo los han conseguido? Comprándolos a un tercero que convierte datos sensibles de sus clientes en fuente de ingresos. Es, sin duda, una estafa en toda regla.