Más de la mitad (55%) de los casi 60 millones de toneladas de alimentos que se desperdician en Europa derivan de malos usos en los hogares y, para combatir este hecho, la Comisión Europea articuló en 2022 diferentes grupos de ciudadanos denominados paneles que han celebrado ya sus primeros encuentros. De ellos, han salido ya propuestas y no hay nada especialmente novedoso.
¿Qué son los paneles?
El grupo de trabajo en cuestión funciona en paralelo a otros que la Comisión Europea ha articulado para recoger ideas sobre otras cuestiones como justicia social, migraciones, medio ambiente o empleo y está formado por 200 personas escogidas, se supone que aleatoriamente, entre la población de los diferentes estados miembros. En el caso del panel sobre el desperdicio alimentario, doce españoles forman parte del mismo. Las reuniones se han celebrado en Bruselas. Entre las propuestas planteadas figura la creación de una “etiqueta específica anti-desperdicio para los restaurantes o, también, la creación de una aplicación que permita a estos establecimientos y a los comercios “ofrecer comida a quien lo necesite”. Para ello, se considera oportuna la participación de organizaciones caritativas. Por último, se propone también que se “reorganice la cadena de distribución” para “obligar” a comprar proporciones “determinadas” de productos locales y de temporada “directamente a los productores”. En febrero, en concreto los días 10, 11 y 12, se celebrará una nueva reunión y los integrantes del panel deberán presentar a la Comisión Europea un informe con todas las recomendaciones que plantean. Entre ellas, figura también reimpulsar la venta de productos a granel y no empaquetados, ya que se considera que permiten más fácilmente adquirir sólo las cantidades que se necesitan.
¿Para qué servirá el informe?
La Comisión Europea tiene previsto presentar en junio de 2023 una propuesta legislativa que se elaborará teniendo en cuenta las propuestas formuladas por el panel que se reúne estas semanas y que entrará en vigor, previsiblemente, en 2025. Las normativas europeas deben, obligatoriamente, transponerse a la legislación de cada país miembro. En el caso de España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario que se encuentra actualmente en trámite parlamentario y que entrará en vigor, si las previsiones no fallan, durante este primer semestre. La futura nueva ley no establece obligaciones ni sanciones para los ciudadanos, pero sí que contempla multas de hasta 500.000 euros para los agentes del sector agroalimentario, desde el eslabón primario y las industrias a la distribución y la hostelería. El proyecto les obliga a todos a contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas de alimentos y actuar para evitarlo priorizando se destine la cantidad sobrante al consumo humano. Del total del desperdicio alimentario que se produce en España, sólo el 9% tiene como origen la hostelería y únicamente el 7% se da en la distribución minorista según datos de Eurostat referidos a 2020. ¿Merece la pena llevar a 200 personas tres veces a Bruselas para que formulen propuestas como las planteadas y permitir que se siga culpando a la hostelería y el comercio de un desperdicio que, principalmente, generamos los particulares?