Producir acero y cemento en la UE es más caro que en terceros países como consecuencia de la estricta legislación ambiental que este organismo supranacional aplica en el territorio de los países miembros y que no es de obligado cumplimiento –aunque sí que se aconseja- a empresas de otros territorios que venden sus productos a países comunitarios. Ahora, para proteger la actividad industrial en Europa, el Parlamento de la UE ha aprobado la creación de lo que denomina el mecanismo de ajuste de carbono en frontera.
Aranceles, al fin y al cabo
En sí, este mecanismo no es más que un arancel que busca compensar la desventaja competitiva que la legislación ambiental comunitaria de obligado cumplimiento supone para las empresas que producen en países miembros. Con él, explica la UE, “se garantizará un tratamiento equilibrado de las importaciones de productos seleccionados”. Se espera, también, que sirva de acicate para que proveedores externos asuman como propios los “compromisos climáticos comunitarios”. Estamos, por supuesto, ante un gravamen que se va a aplicar a los productos siderúrgicos y el cemento que se importen, en un principio. Más adelante, y así lo ha propuesto la Comisión Europea, se aplicará también a los fertilizantes, el aluminio y la electricidad. El gravamen empezará a aplicarse en octubre de 2023; pero, al principio, sólo se obligará al importador a proporcionar datos sobre sus emisiones.
Mejor, antes
El gravamen, sea dicho, llega tarde porque la industria pesada hace décadas que, mayoritariamente no está ya en Europa. Las más potentes (y rentables) siderurgias y químicas están en otros territorios, la producción de carbón es testimonial y los astilleros hace tiempo que son menos competitivos que los que están radicados en terceros países. ¿Hacía falta cerrar todas las minas europeas para seguir importando carbón de Asia, Rusia y Sudamérica? ¿No era mejor aplicar un arancel como éste y evitar la ruina de comarcas enteras?