Las Zonas de Bajas Emisiones, ese mecanismo concebido para mejorar la calidad del aire en zonas concretas de ciudades con más de 50.000 habitantes (o con más de 20.000 si se superan los niveles máximos de contaminación), siguen dando que hablar: mientras que menos de una veintena de los 151 municipios en los que debían de haberse activado ya estos espacios las tienen en servicio, consistorios como el de Badalona plantearon en noviembre suspender la aplicación de la ordenanza que las creaba y regulaba para, después, emplazar al Área Metropolitana de Barcelona a hacer una nueva propuesta de regulación. Al tiempo, en Rubí (Vallès Occidental) hay quien va más allá: el grupo municipal del PP, con dos concejales, ha planteado unas alegaciones a la propuesta de Zona de Bajas Emisiones presentada por el equipo de gobierno entre las que se cuenta la posibilidad de anularla si las consecuencias de su aplicación ocasionan un “grave perjuicio económico para el tejido económico empresarial y social de la ciudad”. También se plantea que vehículos de autónomos y pymes queden protegidos de las sanciones y que los propietarios de coches cuyo acceso a la zona centro se limite vean reducida la cantidad que pagan cada año en concepto de Impuesto de Circulación.
Alegaciones
La posibilidad de suprimir la ZBE que debe activarse en Rubí si se revela perjudicial para la ciudad se plantea en la última alegación del total de siete que ha presentado el citado grupo municipal ante el equipo de gobierno municipal, liderado por el PSC. La primera plantea reducir el Impuesto de Circulación a los vehículos más antiguos, ya que el derecho de sus propietarios a circular con ellos por todo Rubí se verá limitado, la segunda exige crear aparcamientos perimetrales, la tercera ampliar horarios y frecuencias de los autobuses, la cuarta aplazar a 2030 la activación de la ZBE, la quinta que los vehículos de autónomos y pymes locales queden exentos de sanciones y la sexta, que los vehículos de servicio público puedan acceder sin restricciones a la ZBE. Con todo, la séptima es la más contundente.
El ejemplo de Badalona
Juan José Giner, el portavoz del PP de Rubí destaca que, con estas alegaciones, su formación defiende los intereses de los vecinos de una ciudad que, con 80.000 habitantes, tiene una de las rentas medias más bajas de la comarca. Un coche eléctrico, indica, “implica un importante desembolso que está lejos de las posibilidades de la mayoría de particulares, autónomos y responsables de pequeñas empresas de nuestra ciudad”. Por ello, detalla, plantean las alegaciones citadas y exigen que, si la ZBE se implanta finalmente y se constata que implica un perjuicio económico grave, se suprima. “Solicitamos que se incluya la posibilidad de reversión en el articulado. Se está planteando una restricción muy amplia de acceso a la zona centro y eso puede llegar a suponer un perjuicio económico para comercios y negocios. De hecho, puede que se acabe expulsando a consumidores que opten por centros comerciales fuera del centro o por otros municipios de alrededor”, explica Giner. La última palabra la tiene el equipo de gobierno de Rubí, presidido por la alcaldesa Ana María Martínez.